Agua, conflictos y la génesis
Las autoridades estatales deben poner mucha atención al conflicto generado por el falso rumor de la privatización del servicio de agua, sobre todo porque el foco de inconformidad se localiza en una zona agraviada por anteriores proyectos, en particular el paso del gasoducto Morelos. Esa zona ha sido centro del lucro político de diferentes activistas, de la ex diputada federal del PRD Roxana Luna Porquillo y ahora del inefable alcalde cholulteca José Juan Espinosa Torres, quien pretende generar un conflicto social que perjudique la imagen del gobierno del estado y fortalezca sus aspiraciones rumbo a 2018. ¿Será?
¿Presos políticos?
Vaya tomadura de pelo la que se convirtió el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social. Durante años, la organización se encargó de difundir que en Puebla había un estado de represión absoluta. Sus cifras aseguraban que había 355 casos, pero lo que nunca dijeron es que su principal demanda de presos políticos sólo se reducía a 11 y ahora la bajaron a siete. ¿Y qué cree? Dos son marinistas y el resto integrantes del clan que durante décadas ha usufructuado a la organización 28 de Octubre. ¿Será?
Magistrado contento
Ahora sabemos que para Jorge Sánchez Morales valió la pena que abandonara a sus compañeros del Tribunal Electoral del Estado de Puebla en la sesión solemne de rendición de cuentas por el ejercicicio anual de 2016. Y la razón es que el abogado de hueso colorado –por aquello de que tiene muchos amigos en el tricolor– fue designado por la Cámara de Senadores como integrante de la Sala Regional de Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El nombramiento, nos dicen, generó alegría en Puebla, en donde muy pocos realmente lo quieren. ¿Será?
Concesionarios patéticos
No cabe duda que uno de los principales enemigos de la ciudadanía son los concesionarios del transporte público, sobre todo aquellos que viven de la rancia y obtusa fórmula hombre-camión. Resulta que los integrantes de la Coordinadora del Transporte Público se presentaron en el Congreso local para demandar el incremento a 7.50 pesos la tarifa. El gobierno estatal, por su parte, trabaja en un plan más ambicioso y estructural que busca la renovación de unidades y mudarlas a gas LP, pero los choferes pretenden condicionar ese cambio a la modificación del costo. Así o más ignorantes. ¿Será?