Por: Guadalupe Juárez (Enviada)

Ciudad de México.- Los detenidos por robo de hidrocarburos ya no alcanzarán fianza y no podrán salir libres pues al ser aprehendidos, por la naturaleza de la falta cometida, serán acreedores automáticamente a prisión preventiva (por ser un delito grave), además sus penas y sanciones serán más altas.

Así lo establecen las dos iniciativas impulsadas por el diputado panista Eukid Castañón Herrera que presentó en San Lázaro y que buscan inhibir el robo de combustible en el país, y sobre todo en la entidad poblana.

La primera iniciativa busca reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a la fecha el ministerio público sólo puede solicitar al juez prisión preventiva en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas.

Así como ilícitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y “delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud”.

Por ello el legislador federal del blanquiazul busca que se agregue a estas condiciones los delitos en materia de hidrocarburos, al considerar que comprometen el patrimonio y seguridad del país. Esto incluiría tanto la perforación de ductos, el traslado, almacenamiento, venta y compra del combustible hurtado, según detalla el proyecto presentado.

Con lo anterior el ministerio público ya no tendrá que solicitar a un juez la prisión preventiva, pues automáticamente las personas detenidas por estos delitos no podrán acceder a fianza y continuar con el proceso en su contra en libertad como ha sucedido en varias ocasiones.

Por ejemplo, de 2006 al 2015 se han detectado cerca de 11 mil 919 tomas clandestinas en todo el país, por lo cual han abierto 10 mil 487 averiguaciones previas, con 3 mil 803 detenidos, de los cuales mil 646 obtuvieron su libertad en el ministerio público, 2 mil 250 fueron consignados, 614 un juez los liberó y sólo mil 484 alcanzaron formal prisión.

A decir de Castañón Herrera la impunidad en este ilícito “fomenta la corrupción” por lo cual los elementos policiales no pueden garantizar la seguridad de los ciudadanos, además de que la práctica de este ilícito los grupos criminales financian otras actividades delictivas.

Por lo anterior –consideró– el robo de hidrocarburos afecta no sólo la seguridad energética, que a su vez índice en el aspecto económico, político e institucional, sino al ámbito militar ya que el abasto de energía es sinónimo de una adecuada defensa nacional.

Aumentarían penas

La segunda iniciativa presentada a los diputados para su análisis en la Cámara Baja propone reformar la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos, en los que incrementan las penas en prisión y las sanciones económicas.

En estas modificaciones contemplan la reforma a los artículos 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la ley mencionada.

Del artículo 8, por ejemplo, proponen que de una pena de 15 a 25 años de prisión se eleve a 20 y 30 años, es decir, cinco años más a la sanción original, así como la multa establecida que pase de 15 mil a 25 mil salarios mínimos a 20 mil y 25 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Las otras reformas también presentan incrementos en las sanciones, ya que a decir del legislador federal, los castigos fijados en la actualidad no logran desinhibir la comisión de los delitos relacionados con el robo de hidrocarburo debido a que no eran “lo suficientemente elevados”.

Tan sólo de 2004 a 2014 las tomas clandestinas incrementaron sin control. De 102 se elevaron los casos a 4 mil 219. 

Con esto –dijo– buscan atacar de manera más eficiente este “fenómeno delictivo” que merma la seguridad energética nacional, perjudica el combate del crimen organizado –al ser una actividad con la que se financian los grupos delictivos-, por lo cual se ve amenazada la seguridad nacional.

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