La situación del robo de hidrocarburos se ha convertido en un dolor de cabeza para nuestros dirigentes, quienes ante la desidia de Pemex proponen soluciones, al tiempo que combaten el delito
Por: Staff 24 Horas Puebla
El robo de combustible cambió a Puebla.
Explosiones de tomas clandestinas y de bodegas que almacenan hidrocarburo robado se presentan a diario.
Ejecuciones, familias completas dedicadas al halconeo, venta y extracción ilegal de gasolina y diésel, marcan la agenda mediática desde hace un año.
Las señales de alarma más agudas se encendieron en febrero de 2016. El fiscal General del Estado, Víctor Carrancá Bourget, revelaba que Los Zetas operaban el robo de combustible en la entidad para financiar otras actividades ilícitas.
La declaración a un medio de televisión abierta causó revuelo. Pero explicaba por qué aumentaban los homicidios dolosos en los municipios donde se presentaba el mayor número de tomas clandestinas. El miedo de los habitantes. Los enfrentamientos entre las mismas bandas de chupaductos que se disputaban las “plazas”.
El ilícito que sólo está considerado como delito federal no distinguió entre demarcaciones o leyes, ni gobiernos.
Aunque el ex gobernador Rafael Moreno Valle destinó unidades de la Policía Estatal para apoyar a la Federación contra el robo de combustible, la acción fue insuficiente: el propio ex mandatario reconoció que ya había superado a los tres órdenes de gobierno.
La red del robo de combustible estaba creciendo. Abarcaba desde mandos y elementos policiales que estaban coludidos con las bandas criminales, hasta los empresarios gasolineros, a quienes Moreno Valle acusó de comprar combustible robado.
Por ello pidió a la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) realizar auditorías para verificar que la gasolina que compraban a Pemex coincidiera con sus ingresos, puesto que con los miles de litros incautados, podían estimar que éste no se podía vender sólo por goteo o por litro.
La idea era simple: los huachicoleros ordeñaban los ductos y distribuían en dos partes el combustible, a algunas gasolineras con pipas enteras y a particulares encargados de venderlos por litros en las comunidades; la segunda, desde su punto de vista, era lo menos redituable.
Al terminar su administración el robo de combustible seguía aumentando, y el delito federal se convirtió en un reto para el estado, puesto que las comunidades ya estaban involucradas con los delincuentes.
En su último informe como gobernador, admitió que a pesar de poner a disposición a 144 presuntos delincuentes por robo de combustible, éstos alcanzaron una fianza de tres mil a cinco mil pesos o una “simple firma semanal en el juzgado”, por lo que pidió reformar el segundo párrafo del artículo 19 para conseguir que los detenidos por este delito permanezcan presos.
Una lucha constante
En tanto, en diciembre pasado y en el marco de los operativos de fin de año, el ex secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida destacó que hasta ese momento y en lo que respecta a la secretaría por él comandada, había ya más 170 detenidos por robo de hidrocarburo y más de un millón 150 mil litros recuperados. “El trabajo es constante; independientemente de que sea un delito del orden federal, vamos a seguir apoyando a las autoridades federales para que este delito no se cometa en la entidad”.
Sin embargo, el entonces titular de la SSP reconoció que la relación entre pobladores de municipios al interior del estado con bandas dedicadas a la ordeña ilegal de combustible es cada vez más estrecha. “En muchos municipios este tipo de acciones no sólo Pemex ha sido afectada; también lo han sido la FGE, las Policías municipales y el propio Ejército Mexicano”, admitió el encargado de la seguridad pública estatal durante el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Por último, indicó que en localidades poblanas con alta actividad de huachicoleros, como Palmar de Bravo y Quecholac, hay ciudadanos relacionados con las bandas dedicadas a este ilícito e incluso algunos han llegado a proteger a estos grupos delictivos.
“Contra toda la red”, prometen
El día 15 de febrero y en gira de trabajo por el municipio de Tehuacán, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el combate contra el robo de combustible se llevará a cabo no sólo entre los chupaductos, sino en contra de toda la “red de protección” y personas que estén involucradas en dicho ilícito.
El funcionario federal reiteró que los esfuerzos están enfocados en combatir el robo de hidrocarburos en Puebla.
Por su parte, la delegada de la Segob, Ana Isabel Allende, aseveró que el aumento al precio de combustible no es justificación para comprar gasolina robada, ya que debido a estas prácticas hacen crecer el delito y el número de bandas dedicadas a la ordeña.
“Comprar gasolina robada es ser parte del delito, es seguir promoviendo estas organizaciones delincuenciales y no es únicamente lo que podamos pensar como impacto al bolsillo; comprar gasolina robada hace crecer a los grupos criminales y también pone en riesgo a la familia”, sostuvo la ex dirigente estatal del tricolor al ser cuestionada sobre la venta de combustible que se realiza en la capital del estado y en otros municipios.
Pemex sin actuar
Antes de tomar posesión como gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, resumió el problema de robo de combustible como un tema de corrupción y cuestionó que ante las pérdidas millonarias de la paraestatal, ésta no reforzara la vigilancia ni su respuesta para sellar las tomas clandestinas.
Las dudas eran las mismas para el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, quien señaló en una ocasión que aunque detectaban una toma clandestina y avisaban a Pemex, éstos tardaban hasta una semana en sellarla, razón por la que en ocasiones encontraban a delincuentes ordeñando de nueva cuenta el mismo ducto.
Tan sólo en 2015 en Puebla Pemex reportó una pérdida económica de mil 229 millones 189 mil 637 pesos, un estimado de tres millones 367 mil pesos al día por la sustracción ilegal de gasolinas Magna, Premium y diésel.
La sospecha de las autoridades también era compartida por los mismos ex trabajadores de Pemex.
De acuerdo con versiones de los ex empleados la empresa petrolera cuenta con un sistema de supervisión satelital conectado a sus oficinas centrales, con el cual puede detectarse cualquier tipo de fuga de hidrocarburos. Una toma clandestina podría ser detectada de inmediato.
Por lo mismo, no era tan fácil localizar un ducto, la herramienta a utilizar ni la técnica para perforarlo.
“Sólo los trabajadores de Pemex saben a ciencia cierta dónde encontrar los ductos” y el empleo de la maquinaria para extraer el combustible, explicó Severiano Osorio Vázquez, quien trabajó por 25 años para la empresa petrolera.
Para los ex trabajadores, Pemex había estado utilizando la problemática del robo de combustible para acreditar los números rojos que ha reportado durante los últimos meses. Razón que explicaba por qué su actuación para evitar la ordeña de ductos sea tan lenta, a pesar de contar con policía privada para vigilar el paso del hidrocarburo.
Riesgo de convivencia
Gali Fayad denunció por otra parte que la extracción ilegal de robo de hidrocarburo ya había afectado el tejido social al grado de que jóvenes recibían de grupos delictivos hasta 12 mil pesos al mes a cambio de ser halcones y proteger a los chupaductos.
Lo anterior se derivaba –apuntó– de la falta de oportunidades en sus localidades, por lo que familias completas comenzaban a dedicarse a este delito con mayor frecuencia.
En algunos municipios como San Matías Tlalancaleca los pobladores veían la extracción de combustible como una jornada en el campo, mientras que en Palmar de Bravo los propios habitantes protegen a los chupaductos y evitan que el Ejército los detenga.
El actual mandatario ha optado por una lucha frontal. La creación de un grupo de élite conformado por elementos de los tres órdenes de gobierno, así como tecnología y sistemas de inteligencia son las bases para ello.
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