Por: Guadalupe Juárez
Ciudad de México.- Dos iniciativas de reforma que ingresaron este martes en la Cámara de Diputados pretenden no sólo combatir el robo y venta de hidrocarburos, sino impedir que este ilícito siga siendo una vía de financiamiento de grupos del crimen organizado.
Estos grupos criminales han encontrado en los ductos de Pemex un ingreso para la compra de armamento y vehículos, elaboración de drogas sintéticas y el pago de nóminas, exponen las iniciativas presentadas ayer por el diputado federal Eukid Castañón Herrera en la Cámara baja.
Las medidas también buscan inhibir la comisión de este delito, las pérdidas de recursos económicos para la empresa petrolera, el impacto al medio ambiente por el hidrocarburo esparcido en los campos por las fugas ocasionadas por tomas clandestinas.
Además, recuperar la seguridad que se ha visto mermada en las entidades donde el robo de combustible está a la orden del día, entre ellas Puebla que hoy sufre tanto desabasto de combustible como alza en los delitos del fuero común, enfrentamientos entre bandas criminales que han cobrado vidas y un impacto en el tejido social de las comunidades donde se contabilizan las tomas clandestinas e inclusive la sospecha de que gasolineras vendan producto ilícito.
Prisión preventiva y sin fianza para huachicoleros
La primera iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, busca reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a la fecha el ministerio público sólo puede solicitar al juez prisión preventiva en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas.
Así como ilícitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y “delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud”.
Por ello el legislador federal del blanquiazul busca que se agregue a estas condiciones los delitos en materia de hidrocarburos, al considerar que comprometen el patrimonio y seguridad del país.
Esto incluiría tanto perforación de ductos, traslado, almacenamiento, venta y compra del combustible hurtado, detalla el proyecto presentado.
Con lo anterior el ministerio público ya no tendría que solicitar a un juez la prisión preventiva, pues automáticamente las personas detenidas por estos delitos no podrían acceder a fianza ni continuar con el proceso en su contra en libertad como ha sucedido en varias ocasiones.
Por ejemplo, de 2006 a 2015 se han detectado cerca de 11 mil 919 tomas clandestinas en todo el país, por lo cual han abierto 10 mil 487 averiguaciones previas, con tres mil 803 detenidos, de los cuales mil 646 obtuvieron su libertad en el ministerio público, dos mil 250 fueron consignados, a 614 un juez los liberó y sólo mil 484 alcanzaron formal prisión.
A decir de Castañón Herrera la impunidad en este ilícito “fomenta la corrupción”, por lo cual los elementos policiales no pueden garantizar la seguridad de los ciudadanos, además de que con la práctica de este ilícito los grupos criminales financian otras actividades delictivas.
Por lo anterior –consideró– el robo de hidrocarburos afecta no sólo la seguridad energética, que a su vez índice en el aspecto económico, político e institucional, sino al ámbito militar ya que el abasto de energía es sinónimo de una adecuada defensa nacional.
Aumentarían penas
La segunda iniciativa presentada a los diputados para su análisis en la Cámara Baja propone reformar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, en los que se incrementan las penas en prisión y las sanciones económicas, por lo cual fue enviada a la Comisión de Justicia para su análisis y aprobación.
Estas modificaciones contemplan la reforma a los artículos 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la ley mencionada.
Del artículo 8, por ejemplo, proponen que de una pena de 15 a 25 años de prisión se eleve a 20 y 30 años, es decir, cinco años más a la sanción original, así como la multa establecida que pase de 15 mil a 25 mil salarios mínimos a 20 mil y 25 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Las otras reformas también presentan incrementos en las sanciones, ya que a decir del legislador federal, los castigos fijados en la actualidad no logran desinhibir la comisión de los delitos relacionados con el robo de hidrocarburo debido a que no eran “lo suficientemente elevados”.
Tan sólo de 2004 a 2014 las tomas clandestinas se incrementaron sin control. De 102 se elevaron los casos a 4 mil 219.
Con esto –dijo– buscan atacar de manera más eficiente este “fenómeno delictivo” que merma la seguridad energética nacional, perjudica el combate del crimen organizado –al ser una actividad con la que se financian los grupos delictivos-, por lo cual se ve amenazada la seguridad nacional.
¿Qué cambia?, ¿qué se mejora?, ¿cómo nos va a beneficiar?
La iniciativa de reforma presentada en la Cámara de Diputados por Eukid Castañón endurece las penas corporales y pecuniarias a huachicoleros y a quienes compran combustible ilegal, con la finalidad de inhibir este problema desde su origen
