Por Guadalupe Juárez
Es 15 de mayo de 2016. San Salvador El Seco. El calor es insoportable, los rayos del sol sin tregua traspasan la lona amarilla y azul que protege a Miguel Barbosa Huerta y la entonces candidata a la gubernatura por el PRD, Roxana Luna Porquillo.
José Isaías Velázquez, presidente de Atzizintla –hoy recluido en el penal de Tepexi–, aplaude en primera fila el discurso del senador, que critica a los otros partidos, mientras la aspirante a Casa Puebla promete descuentos a universitarios en el transporte público.
El edil del sol azteca es acusado de proteger a la banda de Los Bukanas –dedicados al robo de hidrocarburos–, quienes secuestraron y mataron a tres agentes de la Fisdai, y hasta el jueves formaba parte del Frente de Izquierda Progresista y del grupo del senador perredista.
A la ex candidata a la gubernatura la acompañó en diversos mítines en donde denunciaban una supuesta represión por parte del gobierno estatal contra ediles. El presidente municipal ganó la alcaldía abanderado por Puebla Unida –misma coalición que llevó al PAN a la gubernatura– pero tiempo después se pronunció a favor del PRD.
De acuerdo con una publicación de Sexenio Puebla, el munícipe es dueño de dos gasolineras: en Esperanza y donde gobernaba.
En múltiples ocasiones, tanto el ex gobernador Rafael Moreno Valle y el mandatario Gali Fayad han asegurado que por la cantidad de litros de combustible robados era probable que su venta no fuera sólo al menudeo, sino que gasolineras eran investigadas al vender hidrocarburo sin que Pemex les suministrara.
La líder estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo, denunció supuestas irregularidades en la detención del alcalde de San Antonio Atzitzintla, quien ingresó al penal de Tepexi de Rodríguez por mantener presuntos vínculos con una célula de Los Zetas responsable del homicidio de tres agentes investigadores y del robo de combustible en Palmar de Bravo.
Quezada Tiempo dijo que el alcalde emanado del PRD es un “chivo expiatorio” de la Fiscalía General del Estado (FGE), a quien mantuvieron incomunicado desde el jueves 9 de marzo, día de su detención.
A petición de la líder perredista y de familiares del alcalde, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla solicitó el mediodía del sábado 11 de marzo que la Fiscalía informara oficialmente sobre el estado físico y la situación jurídica de Velázquez Reyes, detenido junto a otras 86 personas durante el operativo Encrucijada, con el que las autoridades del estado desarticularon una célula delictiva dedicada al robo de combustible.
Según Quezada Tiempo, los uniformados municipales fueron obligados a firmar sus declaraciones sin la presencia de un abogado.
Además, dijo, “ofertaron la liberación de otros detenidos a cambio de inculpar al presidente municipal”.
Para Quezada Tiempo, un hecho que prueba la inocencia del alcalde es que, en octubre de 2014, él y un grupo de pobladores protestaron ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para exigir la instalación de una base de operaciones en la zona de Atzitzintla.
En aquella ocasión, según medios locales, los quejosos acusaron que el municipio era escenario constante de robo y secuestros por su cercanía con los límites de Veracruz.
