Por: Guadalupe Juárez
El gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, anunció que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por explotación infantil en al menos 12 casos de los que tiene conocimiento, en los cuales integrantes del crimen organizado dedicados al robo de hidrocarburo en ductos de Petróleos Mexicanos utilizan a menores de edad para actividades ilícitas como el “halconeo”.
En entrevista, el mandatario señaló que en varios de los casos los explotadores son los propios familiares de los niños, a quienes los privan de ir a la escuela e interrumpen su formación para vincularlos con hechos delictivos.
Gali Fayad ya había denunciado ante medios de comunicación que bandas dedicadas al robo de combustible reclutaban a menores de edad para vigilar a cambio de un sueldo de hasta 12 mil pesos al mes, caso que era común en Palmar de Bravo.
Afirmó además que cualquier funcionario público vinculado al crimen organizado será investigado y pidió a los presidentes municipales no aceptar proteger a los criminales y acercarse a él en caso de tener problemas de este tipo para evitar que se presenten casos de corrupción como el documentado en Atzitzintla.
Detenidos en Palmar fueron torturados: familiares
Familiares de los detenidos tras el Operativo Encrucijada en la zona de Palmar de Bravo denunciaron que entre las personas aprehendidas se encuentra gente inocente, que fue posiblemente torturada y de quienes se desconoce su paradero.
De acuerdo con información de medios locales, cuatro mujeres de San José Cuyachapa, lugar donde se llevó a cabo la movilización policiaca, indicaron que sus familiares fueron detenidos durante su jornada laboral en una construcción y descartaron que tengan supuestos vínculos con el crimen organizado.
En la rueda de prensa que ofrecieron en Tehuacán, ninguna de las cuatro mujeres se identificó ni mostró pruebas de que agentes estatales hayan golpeado o torturado a los detenidos la semana pasada.
El Operativo Encrucijada fue desplegado el jueves por la noche a cargo de policías federales y estatales tras la muerte de tres elementos de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai).
Ayer la Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un comunicado que el alcalde de Atzitzintla, José Isaías Velázquez, fue trasladado junto con cinco policías municipales al Centro de Reinserción Social en Tepexi de Rodríguez, donde fueron puestos a disposición del juez de control.
A los elementos municipales se les imputó el delito de asociación delictuosa y desaparición forzada de los tres agentes de la Fisdai.