ASOCIACIÓN MEXICANA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD, CAPITULO PUEBLA
La facilidad para desplazarse entre dos puntos, independiente del modo, modalidad y motivo, atendiendo factores de seguridad, eficiencia, confort, respeto a la condición social y apoyo al desarrollo económico es la definición de accesibilidad universal de acuerdo a la movilidad.
La accesibilidad universal de acuerdo a la movilidad involucra todos los aspectos de nuestra vida: “es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el desplazamiento de individuos y bienes, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo”, para simplificar, ¿cómo nos movemos, hacia dónde nos movemos y por qué nos movemos?
Datos para reflexionar sobre la accesibilidad universal de acuerdo a la movilidad
La distancia promedio entre los conjuntos de viviendas y centros urbanos de las ciudades latinoamericanas es de 11 a 22 kilómetros.
Los problemas de congestionamiento vial en las metrópolis de Centro y Sudamérica hacen perder más de 35% de su producto interno Bruto (PIB).
En la CDMX se registran menos nacimientos que ventas de automóviles, casi 300 mil automóviles contra 180 mil nacimientos anuales.
El hacinamiento en los congestionamientos viales puede propagar enfermedades infectocontagiosas, se dificulta el manejo de productos de desecho o en mal estado.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), los mexicanos destinamos 43% de nuestro salario a nuestros traslados.
De acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (Itdp), convivir con tráfico pesado reduce nuestra convivencia social, un habitante de una ciudad con un índice de motorización elevado sólo establece comunicación con dos o tres conocidos, por el tiempo que le brinda a desplazarse: hasta dos horas.
De acuerdo con el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, uno de los índices para dimensionar la prosperidad y calidad de vida es: la equidad e inclusión social definida como la accesibilidad universal de acuerdo a movilidad, por ello se establece la obligación de que todos los niveles de gobierno desarrollen políticas públicas para atender los desplazamientos de los peatones privilegiando a las personas con discapacidad, ciclistas, usuarios de transporte público y usuarios de transporte particular, además de garantizar los traslados de los servicios de transporte mercantil como prioridad de la economía mexicana.
