Por Mario Galeana
Puebla carece por completo de un marco jurídico que castigue los delitos cometidos contra la prensa.
Y es que el hecho de que la palabra “periodista” no figure una sola vez en los códigos Penal, de Procedimientos Penales, Civil o en el de Procedimientos en Materia de Defensa Social es elocuente.
Pero la aparición del crimen organizado en el cinturón de robo de hidrocarburo del estado ha puesto en riesgo, como nunca antes, el ejercicio periodístico, a tal grado que las bandas ligadas al cártel de Los Zetas han puesto precio a las cabezas de corresponsales de prensa.
Por ello, la semana pasada el Colectivo de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en el Estado de Puebla y La Casa de los Derechos de Periodistas urgieron al gobierno y al Congreso del estado garantizar el derecho a la información y proteger la vida de los comunicadores.
El reclamo es legítimo. Por años, los diputados locales han dejado de lado la creación de un marco jurídico que proteja a periodistas en su labor.
El 1 de junio de 2010, por ejemplo, el diputado Gustavo Espinosa Vázquez impulsó una iniciativa de ley para la Protección Legal y Social de los Periodistas de Puebla.
La propuesta buscaba, sobre todo, garantizar la “protección del secreto profesional al desempeñar sus funciones”, además de la “profesionalización del gremio que garantice el apoyo para la actualización y preparación permanente” y, sobre todo, “la protección social de derechos laborales de los periodistas, ya que en su mayoría carecen de una protección que garantice su salud, su integridad y su vida”.
De la misma forma, el 18 de noviembre de 2014 Víctor Manuel Giorgana propuso una larga lista de modificaciones al Código Penal para proteger el ejercicio periodístico.
La iniciativa proponía de seis meses a tres años de prisión para quien “obstaculice, impida, o por cualquier medio reprima la publicación, producción, distribución, circulación o difusión de algún medio de información escrito o impreso”.
Ambas propuestas legislativas se “empolvan” entre la lista de iniciativas pendientes de dictaminar por parte del Congreso local.
Ante la falta de un protocolo, las autoridades locales han delegado la protección de periodistas a las autoridades federales.
Según cifras de la Federación, desde 2012 a 2016 unas siete personas han solicitado el Mecanismo de Protección para las Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Con este protocolo de reciente creación, la Secretaría de Gobernación (Segob) federal brinda protección a los comunicadores a través de distintas medidas, como la vigilancia con cuerpos de seguridad.