Esfera Pública
Por Elias Aguilar / @Elyas_Aguilar
Aparentemente México está afectado por una pandemia de corrupción en todos los niveles de la esfera pública.
Hoy, el cargo de gobernador es casi un pronóstico de problemas legales al final del mandato. Haciendo un recuento de detenidos tras dejar una gubernatura podemos mencionar a Guillermo Padrés, de Sonora; Jesús Reyna, de Michoacán; Andrés Granier, de Tabasco; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Luis Armando Reynoso, de Aguascalientes; Tomás Yarrington, de Tamaulipas, y el más reciente caso, Javier Duarte, de Veracruz, quienes están siendo procesados o se encuentran formalmente presos.
Pero ahí no cesan los casos de corrupción. Los ex gobernadores Eugenio Hernández, de Tamaulipas, y César Duarte, de Chihuahua, están siendo requeridos por la justicia mexicana y en la prensa nacional se enumeran las denuncias contra el ex mandatario de Quintana Roo Roberto Borge.
Estos recientes escándalos de corrupción política tienen consecuencias negativas importantes en términos de la percepción de la sociedad civil sobre el sistema político mexicano. Permítanme explicarlas brevemente.
Primero, el panorama. Los mexicanos somos, en la región, los ciudadanos más insatisfechos con la democracia que vivimos. Latinobarómetro nos ubicó en el último lugar de satisfacción con esta democracia, entre todos los países de América Latina. En segundo lugar, México se caracteriza por la alta incidencia de delitos sin castigo: el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Udlap, ubicó a México en el segundo lugar de impunidad entre los 59 países que contempla el estudio. En tercer lugar está la percepción de corrupción que tenemos: la organización Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 123 de 178 en el Índice de Percepción de la Corrupción; con un índice de 30, es el país más corrupto entre los miembros de la OCDE, que registran un índice promedio de 69.
Los escándalos de corrupción por sí mismos no generan un efecto negativo entre los ciudadanos del país o la región donde acontecen. Hay evidencia empírica que prueba que los escándalos de corrupción fortalecen la confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones siempre y cuando se imponga un castigo al político que infringió la norma social. Sin embargo, dada la alta impunidad que ocurre en México, la percepción de corrupción e impunidad probablemente siga creciendo en vez de disminuir, a pesar de que algunos ex gobernadores estén en prisión.
Ese elevado aumento en la percepción de corrupción ocurrirá porque los casos de los ex gobernadores llamados a cuentas también son explicados por factores políticos que los colocaron en manos de la justicia. Los mexicanos consideran que se trata de una justicia dirigida porque no todos los ex mandatarios sospechosos de cometer abuso de poder, peculado, daño patrimonial y otros delitos están bajo investigación judicial.
Además, hay que mencionar los casos de corrupción de los funcionarios de primer nivel en el gobierno federal, como el del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a quien se le implica con sobornos de la empresa brasileña Odebrecht , o la compra de la llamada “Casa Blanca” que protagoniza el propio presidente Peña Nieto, por mencionar algunos.
El pronóstico es muy claro: el ciudadano mexicano tiene una opinión muy negativa sobre el sistema político.
Los casos de corrupción, la aplicación de la justicia de manera parcial o dirigida con propósitos políticos y la impunidad prevaleciente en los niveles altos del poder generan un alto crecimiento del desencanto con la democracia, que derivará en un elevado rechazo a los candidatos o partidos políticos, especialmente si se les percibe como los representantes de este sistema corrupto.