Siete de nueve diputados federales y locales de Veracruz están acusados de participar en la red de corrupción del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, además de 70 personas y casi 100 empresas
Traspatio
Por Luis Pavón / @pavonlui
70 personas y casi 100 empresas forman parte de los involucrados en la red de corrupción del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Siete de nueve diputados federales y locales de Veracruz están acusados de participar en su red de cómplices.
Son legisladores por el PRI, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza.
Formaron parte de su gabinete; están acusados del saqueo a las arcas gubernamentales, sus nombres aparecen en averiguaciones previas, pero hasta ahora no les han hecho nada, gozan de fuero. Son intocables.
Estuvieron en las secretarías estatales de Finanzas, Educación y Desarrollo Social, las dependencias con mayor quebranto patrimonial, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización de Veracruz (Orfis).
Uno de esos legisladores es Antonio Tarek Abdalá Saad, hasta ahora el único personaje con fuero, a quien ya se le inició el proceso de desafuero, el cual avanza lentamente.
Tarek Abdalá es un empresario de la construcción beneficiado en el sexenio de Fidel Herrera; en 2010, cuando Karime Macías de Duarte era presidenta del DIF, fue nombrado director del DIF en Veracruz.
Dos años después, fue nombrado tesorero del gobierno de Veracruz, cargo que ocupó hasta 2015.
En 2014, el día de su boda, Tarek Abdalá tuvo como invitado de honor al ex gobernador Javier Duarte y su esposa Karime.
En febrero de 2016 se publicó una fotografía donde Tarek Abdalá aparece con Francisco Navarrete, presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, en Tierra Blanca, Veracruz. El ahora diputado negó tener vínculo con el supuesto delincuente.
En un principio era acusado del desvío de mil 600 millones de pesos a la dependencia.
En la lectura de acusaciones a Javier Duarte, en la audiencia de la semana pasada en Guatemala, se mencionó el nombre de Traek Abdalá y su presunto desvío se cifró en 23 mil millones de pesos.
Tiene tres denuncias penales en su contra ante la PGR, por desvío de recursos.
Dice que todas las acusaciones en su contra son falsas. De la orden de desviar recursos que se leyó en la audiencia de Guatemala, Tarek le dijo al periódico Reforma que no recordaba nada de eso, que estaba tranquilo y se sentía apoyado por los legisladores de su partido.
El proceso de desafuero en su contra está en curso, lo solicitó el gobierno de Veracruz y sólo habrá que esperar a la resolución que se dé en San Lázaro.
Pero, ¿Quiénes más forman parte de Los intocables?
Jorge Alejandro Carvallo Delfín fue presidente del PRI en el sexenio de Fidel Herrera, secretario particular de Javier Duarte y en 2014 fu nombrado secretario de Desarrollo Social.
A Carvallo se le acusa de firmar contratos con empresas fantasma, lo cual negó.
De igual manera buscan vincularlo en el tema de las quimioterapias falsas que denunció el gobernador Miguel Ángel Yunes. El nexo está en que él es primo de Andrés Beceiro Delfín, director de la empresa que surtía las quimioterapias al Instituto Estatal de Cancerología y además tiene varias empresas proveedoras de medicamentos al gobierno de Veracruz.
Alberto Silva Ramos, dos veces coordinador de Comunicación Social en el gobierno de Duarte, solicitó licencia como diputado federal para irse a dirigir esa área del gobierno del estado.
También fue secretario de Desarrollo Social, dependencia señalada de ser la que más empresas fantasma creó.
Alberto Silva rechaza haber firmado los contratos con esas empresas, niega ser responsable de un quebranto patrimonial de dos mil millones de pesos en Comunicación Social, tal como lo denunció el ex diputado panista Julen Rementería, secretario de obras con Yunes.
En la efervescencia de la corrupción del todavía gobernador Javier Duarte, Alberto Silva Ramos fue uno de sus mayores defensores, publicó cartas de apoyo alegando la inocencia del mandatario.
Sin embargo, Silva Ramos prefirió dejar Comunicación Social y regresó a su curul en la Cámara de Diputados cuando Duarte solicitó licencia como gobernador.
Uno más es Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación en el gobierno de Javier Duarte, de 2010 a 2015.
En 2012, la Auditoría Superior de la Federación encontró que 118 millones de pesos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica no pudieron ser comprobados por la SEV que dirigía Mota Hernández. ¿Cuál fue el destino de ese recurso? Se preguntó la ASF.
Un año después, la Auditoría detectó un perjuicio de 23 millones de pesos para el programa de Escuelas de Tiempo Completo y una probable evasión fiscal de dos mil 228 millones de pesos, por lo que la que ASF pidió al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que auditara a la Secretaría de Educación de Veracruz.
Sin embargo, Adolfo Mota Hernández siguió en el cargo y fue en 2015 cuando renunció a la SEV para postularse como diputado federal y obtener fuero.
En su paso por la SEV, se vio envuelto en el escándalo de tener a dos mil aviadores, quienes fueron dados de baja cuando la Federación empezó a pagar directamente los salarios del magisterio. Entre esos dos mil aviadores, estaban varios integrantes de su familia.
La joya de la corona fue en 2015; el Órgano de Fiscalización de Veracruz detectó que a pesar de ya no estar en la SEV, Mota Hernández seguía apareciendo como apoderado legal de cinco cuentas bancarias de la secretaría que ya había dejado.
Edgar Spinoso Carrera, diputado federal por el Partido Verde Ecologista, inició su carrera política con Fidel Herrera.
Ya con Javier Duarte como gobernador, fue nombrado subsecretario de Finanzas y posteriormente Oficial Mayor de la Secretaría de Educación, cargo del cual fue cesado luego de que la Auditoría Superior de la Federación alertó del desvío del 80% de las aportaciones federales a los programas educativos.
Se le vincula de crear, con prestanombres, la empresa Grupo Peben, la cual ofrece créditos vía nómina a los burócratas.
Lo acusan de ser el personaje que en 2012 dejó de transferir los recursos de los maestros que habían solicitado créditos con descuento vía nómina. El descuento sí era aplicado pero no entregado a las empresas que los otorgaron.
A Edgar Spinoso también lo persigue ser propietario de la empresa Transporte Ejecutivos Piza, la cual se habría beneficiado con la renta de aviones al gobierno del estado desde 2010.
Spinoso niega todos los señalamientos en su contra y sigue de diputado gozando del fuero.
Juan Manuel Castillo González, subsecretario de Finanzas, es considerado como quien en realidad manejaba los recursos, hoy es diputado local por el PRI.
Castillo fue denunciado por la retención indebida de 22 millones de pesos en perjuicio de mil 84 burócratas cuando era subsecretario de Finanzas.
Vicente Benítez González, diputado local por el partido Nueva Alianza, estuvo en las tres dependencias con los mayores quebrantos patrimoniales.
Fue tesorero del Estado, cargo al que renunció en 2012, luego del escándalo de las maletas que transportaban dos de sus colaboradores con 25 millones de pesos en efectivo, dinero que, según dijeron, era para pagar las fiestas de la Candelaria y El Tajín.
Un año después del escándalo, fue nombrado subsecretario estatal de Desarrollo Social, dependencia en la cual se detectaron irregularidades en contratos con empresas que vendían mercancía a tiendas comunitarias en zonas marginadas; tiendas que no existían.
De la Sedesol estatal, Vicente Benítez pasó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación, fue denunciado penalmente por retener recursos de las empresas que otorgan créditos vía nómina al magisterio.
La televisora Teletica de Costa Rica documentó que Benítez tiene varias propiedades en ese país, en algún momento se dijo que Javier Duarte se escondía en Costa Rica, al amparo de Vicente Benítez.
Fue acusado, por el entonces gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, de ser otro de los prestanombres de Duarte.
Vicente Benítez declaró que sus bienes son lícitos, que todo su patrimonio es producto de su trabajo.
El 22 de septiembre de 2016, en vísperas de que el PRI sancionara a Javier Duarte, todos estos diputados firmaron un desplegado de apoyo al entonces gobernador.
A pesar de las denuncias penales que hay en contra de varios de ellos, aún no hay acciones legales en su contra, tampoco se ve que haya intenciones de quitarles el fuero, excepto a Tarek Abdalá, pero eso está en veremos.