Bitácora
Por Pascal Beltrán del Río
En Puebla, civiles armados se parapetan detrás de una valla de mujeres y niños para atacar a soldados con rifles automáticos. Matan a cuatro militares.
Las agresiones de los ladrones de combustible contra las fuerzas de seguridad se repiten en días posteriores en Hidalgo y Veracruz.
En el área conurbada de la capital, un militar retirado dispara contra dos asaltantes en una unidad de transporte público. Mueren los tres.
Mientras tanto, Reynosa se convierte en un campo de guerra entre facciones que buscan la supremacía del grupo criminal que controla la vida cotidiana en esa ciudad fronteriza.
En diversas partes de la geografía nacional se multiplican los vacíos de autoridad.
Poblaciones enteras quedan a merced de grupos criminales que les ofrecen migajas de sus grandes ganancias para que trabajen en su negocio, ya sea cuidando sembradíos de amapola o vigilando que las fuerzas del orden no sorprendan a los huachicoleros mientras ordeñan el contenido de los ductos.
Podemos encontrar muchas causas del debilitamiento de la autoridad en el país.
Todas ellas comienzan con el clientelismo que fomentaron los gobernantes y el paternalismo por el que suspiran muchos gobernados.
El respeto a la autoridad en este país no ha sido producto de la legitimidad del gobierno, ni la convicción de los ciudadanos de que a todos conviene vivir en un Estado de derecho, sino el pago de una transacción: tú me das y yo te reconozco.
Cuando las restricciones fiscales no alcanzaron para más, los habitantes acostumbrados a la dádiva se buscaron otro protector. Y éste es, cada vez más, el crimen organizado.
Por eso, cuando el gobierno trata de poner orden en un saqueo que ha costado a Petróleos Mexicanos decenas de millones de pesos en la última década, los delincuentes disparan ráfagas de R15 para proteger su coto ilegal y los habitantes pagados por ellos protestan contra la pretensión de la autoridad de quitarles su “modo de subsistencia”.
El país está viviendo una escalada de conflictos sociales que bien pudiese devenir en una crisis de Estado, como planteó mi compañero Gerardo Galarza el domingo pasado en Entre Líneas, el programa de debate de Excélsior Televisión.
Para mostrar que no exageraba, Galarza conminó a quienes estábamos en la mesa a recordar otro reto a las Fuerzas Armadas como el que se dio la semana pasada en la comunidad poblana de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac.
“Hay que remontarse a los tiempos de la guerrilla para encontrar un hecho semejante”, puntualizó.
Afortunadamente, este tipo de hechos ha ocurrido de forma aislada. Pero, ¿qué pasaría si de pronto –de forma espontánea o coordinada– los retos a la autoridad ocurrieran en, digamos, una decena de estados a la vez?
¿Habría la capacidad para hacerles frente y apaciguar a quienes violan la ley?
Cuando se enfrenta al Ejército y a la Marina con armas de alto poder, se está buscando la vulnerabilidad de la última línea de defensa de la población.
Y aunque los militares han actuado en estos casos de apremio generalmente con disciplina, eficacia y lealtad, siempre están bajo la lupa de activistas y organizaciones que les tienen una enorme desconfianza y no dudan en denunciarlos como violadores de derechos humanos.
Así que esa última línea de defensa no sólo tiene que preocuparse por esquivar las balas de delincuentes cada vez mejor armados, sino de las acusaciones de grupos que pueden acusarlos de masacres, y no lamentar una sola de sus bajas.
Es muy grave que el país se esté quedando sin respeto a la autoridad. Se pueden discutir las causas de esta realidad, pero es imposible negarla.
Y dudo mucho que pueda arreglarse el próximo sexenio, con un Presidente distinto, si no hay un trabajo concertado de todas las fuerzas políticas y la sociedad civil organizada por hacer valer el Estado de derecho.
Sin respeto a la ley, ninguna nación puede prosperar. Sería una lástima que los esfuerzos por estabilizar la economía y retomar la senda del crecimiento –condición necesaria para cerrar la brecha de la desigualdad social– se vieran mermados por el hecho de que nadie quiere actuar para impedir que este país se convierta en Huachicolandia.