El senador por Puebla anunció que propondrá al Congreso de la Unión una comisión especial para indagar a trabajadores y funcionarios de la paraestatal
Por: Mario Galeana / @MarioG24H
El senador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que propondrá al Congreso de la Unión una comisión especial que investigue la participación de trabajadores de Pemex, funcionarios estatales y federales, en el robo de hidrocarburos.
“Existen datos de que varios servidores públicos y empleados de Pemex no sólo no han actuado para evitar, contener y perseguir el robo de hidrocarburos, sino que están abiertamente coludidos con los grupos delincuenciales que se dedican a esta actividad ilícita”, declaró ayer a mediodía.
La propuesta, dijo, será presentada ante el Congreso federal en la próxima sesión ordinaria de la Comisión Permanente, que se encuentra programada para este miércoles. La intención, dijo, es que la propuesta sea aprobada durante el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
El también vicecoordinador de los grupos legislativos del PT y Morena en el Senado señaló que el incremento en el robo de combustible registrado en Puebla tiene como dos de sus principales causas a “la corrupción e impunidad de funcionarios municipales, locales y federales”.
Alertan ante riesgo de desplazamiento forzado
Por su parte, el académico de la BUAP Rubén Darío Corona Torres consideró que, de mantenerse la violencia en el cinturón de robo de combustible en el estado, podría registrarse el fenómeno de desplazamiento forzado, sobre todo en Palmarito Tochapan, junta auxiliar de Quecholac.
“No todas las personas de Palmarito Tochapan viven en el crimen. Debe haber por lógica gente que no quiere participar en él, pero va a sufrir las consecuencias de la violencia. Y el problema vendrá después: ¿a dónde irán esas personas? ¿Dónde vivirán? ¿De qué trabajarán?”, consideró.
En entrevista, el profesor de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios en Puebla dijo que, para contener la colusión entre pobladores y crimen organizado, deben existir políticas públicas que alienten la inserción laboral y la economía.
“En el crimen hay una puerta de entrada y una puerta de salida. Lo que debe aplicarse es un programa de gobierno que no esté relacionado a la reacción, sino a la prevención. Hay que evitar que los jóvenes entren al conflicto”, opinó.
Corona Torres criticó que la administración de Enrique Peña Nieto no posee una política para responder a la criminalidad de manera integral, por lo que el alza en los delitos como el robo de hidrocarburos se ha registrado en todo el país.
“Ahora sufrimos una falta de estrategia. Los números a nivel nacional reflejan que los homicidios perpetrados por el crimen organizado con Peña Nieto han alcanzado a los homicidios registrados al final del sexenio de Felipe Calderón”, sostuvo.