El director de la consultora dijo que en 2016 la situación escapó al control de crimen organizado, pues otros grupos multiplicaron las tomas, desatando una guerra por el control
Por Guadalupe Juárez / @lup24horas
Para extraer hidrocarburo de los ductos de Pemex sin mayores complicaciones y conseguir la protección de las comunidades cercanas a ellos, los cárteles del narcotráfico hicieron una campaña en la que difundieron un mensaje por varios años: “el combustible le pertenece al pueblo y era legítimo extraerlo”.
Ello tenía un objetivo: crear bases sociales de apoyo y blindarse ante los operativos que ahora se emprenden en las localidades con alta incidencia de tomas clandestinas, como sucedió en la entidad poblana, aseguró el director de la consultora Etellekt, Rubén Salazar Vázquez en entrevista telefónica con 24 Horas Puebla.
Etellekt ha publicado dos informes detallados de la operación de las células del narcotráfico en el robo de hidrocarburo, la participación de personal de Pemex, la comercialización del combustible robado, y ahora la colusión de los mismos habitantes en este ilícito.
Al crecer el número de tomas clandestinas durante 2016 la situación se salió de control, pero no sólo para las autoridades –dijo–, sino para los propios grupos delictivos que operaban en la zona, pues otros huachicoleros comenzaron a extraer el combustible sin su consentimiento, por lo que en un intento de retomar el control los cárteles incrementaron los niveles de violencia para ahuyentar la competencia.
Inclusive Los Zetas, quienes controlan el robo de hidrocarburo en Puebla y Veracruz, comenzaron a cavar fosas junto a los ductos como un mensaje de intimidación, quemaron camionetas con chupaductos dentro, quemaron vivos a quienes seguían robando el hidrocarburo o ejecutaron a integrantes de estas bandas, aseveró.
“(Las células de los cárteles) cavaban fosas como una forma de intimidación para que dejaran de ordeñar los ductos, y eso fue porque la gente empezó a ver un negocio, una actividad en la que obtenían recursos de manera inmediata, además (era)una manera (en la) que, digamos, (seguían) operando con total impunidad porque no ocurría nada”, señaló Salazar Vázquez.
El año pasado durante el mes de mayo, siete de cada 10 homicidios registrados en la entidad poblana fueron ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, se indicó en el informe de Semáforo Delictivo Nacional correspondiente al primer trimestre de 2016.
De acuerdo con el documento difundido en Puebla, se registraron en los primeros tres meses del año 100 ejecuciones del crimen organizado, cifras que le colocaron en el lugar número 14 a nivel nacional, incluso por arriba de Veracruz, estado con el que colinda y también con presencia de cárteles del narcotráfico.
Para el director de Etellekt estas condiciones dificultan el combate al robo de combustible, a pesar del apoyo de las fuerzas armadas, “y es más difícil hacerlo cuando la gente de estas comunidades se ha convertido en un actor importante del robo, sobre todo de la venta del combustible ilegal”.
Puebla, punto clave en trasiego de huachicol
Que el poliducto Minatitlán-México atraviese la entidad poblana y se encuentre cerca una de las principales vías de comunicación, la autopista México-Puebla, permitió que se convirtiera en un punto del mercado negro de combustible robado que cada vez se fortalecía más al lograr surtir el hidrocarburo a otros estados como la Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.
“Puebla le vende a consumidores particulares, principalmente el sector transportista; eso se vuelve una manera más caótica, más compleja de combatir esta situación; la manera en las que se han fragmentado estas células, al involucrarse la gente, también se convierte en una dificultad mayor”, reiteró el especialista.
Salazar Vázquez advirtió que el robo de hidrocarburos no sólo significa un riesgo para la seguridad pública, sino que es de carácter social más amplio por la colusión de los pobladores, quienes al ganar entre 12 mil y 14 mil pesos difícilmente apostarán por otras opciones.
Recordó que el año pasado Puebla contabilizó más de mil tomas clandestinas, igual que Guanajuato, que registró mil 300, por lo cual sólo estas dos entidades concentraron 42% de todos los casos de robo de combustible.
Trabajadores de Pemex, cómplices
Sin embargo, para que las cifras de perforaciones ilegales a los ductos de la petrolera se incrementen año con año se necesita “información privilegiada” que sólo podrían otorgar los mismos empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró Rubén Salazar.
El director de la consultora citó el primer documento que hablaba sobre esta problemática en el país, situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México durante 2015, en el que detallaron los 101 casos de diversas autoridades involucradas en el trasiego de combustible, entre ellos 60 que eran trabajadores de Pemex.
Esa afirmación coincide con la información difundida en una publicación el 1 de mayo del diario Excélsior, en donde la empresa petrolera señaló tener un listado de 130 trabajadores y ex empleados relacionados con el robo de combustible en los últimos 10 años, en los que se encuentran choferes, operadores de bombeo, vigilantes e ingenieros de operación, quienes fueron aprehendidos en Tamaulipas, Guanajuato, Puebla, Sinaloa y Nuevo León.
En riesgo, las inversiones para nuevas gasolineras
Salazar Vázquez advirtió que el mayor impacto del robo de combustible es para los gasolineros, pues ellos sólo perciben de 96 a 97 centavos por litro, mientras que los huachicoleros han logrado captar hasta 15 mil millones de pesos al año, una tercera parte del margen de utilidad que recibe todo el sector gasolinero, lo cual representa un grave riesgo, además de que desalienta la inversión para instalar nuevas estaciones o invertir en infraestructura.
“Muchas empresas que están invirtiendo compran las franquicias, pero no instalan una nueva gasolinera. Esta cuestión de inseguridad no es el escenario óptimo para el desarrollo de infraestructura y captación de inversiones”, concluyó.
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Urge Moreno Valle punir huachicoleo
El ex gobernador pugnó por la permanencia de las fuerzas armadas en las comunidades donde opera el crimen organizado
Por Mario Galeana
En todo el sexenio de Rafael Moreno Valle, los gobiernos federales de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa sólo auditaron dos gasolineras por sospechas de comercialización de combustible ilícito y no lograron procesar a los “centenares” de personas que los policías locales detuvieron en flagrancia de este delito.
Así lo aseveró el ex gobernador de Puebla en entrevistas con Noticias MVS y Crónica, en las que también sugirió que el robo de combustible debe ser tipificado como un delito grave dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Moreno Valle dijo que el gobierno de Puebla entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) a “centenares de personas” que fueron encontradas en flagrancia de este delito, pero éstos alcanzaron su libertad bajo fianza por falta de un marco legal más preciso.
Recalcó que, sólo Pemex y el Gobierno Federal poseen información sobre la hora en que el combustible es liberado a través de los ductos petroleros, por lo que “no puede haber un delito de esta naturaleza sin su complicidad”.
“Creo que debe haber urgentemente un cambio legal. Actualmente, con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el delito de robo a combustible no está tipificado como grave y cualquier persona que es detenida paga una fianza, sale libre y al día siguiente lo vuelven a detener y vuelve a salir libre, y se convierte en una puerta giratoria. Urge que se pueda tipificar como un delito grave”, consideró.
En tanto, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, responsabilizó a las administraciones locales en el incremento de este delito al afirmar que “sí hubo omisiones de algunas autoridades en los estados”.
En un evento realizado el viernes 12 de mayo en Tijuana, Baja California, Cienfuegos Zepeda declaró que la presunta ejecución extraoficial de un huachicolero registrada en Palmarito, Tochapan ya es investigada por las autoridades competentes.
Agregó que el robo de combustible es un problema que “no es del Ejército ni de las Fuerzas Armadas, (sino) un asunto que deben resolver los gobiernos”.
En contraste, Moreno Valle pugnó por la permanencia de las Fuerzas Armadas en las comunidades con presencia de crimen organizado en su modalidad de robo de hidrocarburos.
En ese sentido, urgió la creación de una ley que dé certidumbre y defina las acciones del Ejército mexicano en tareas de seguridad pública.
“¿Cómo se va a combatir al crimen organizado sin su apoyo? Se necesita al Ejército. Imagínate que sacaras al Ejército de Tamaulipas cuando se ha vivido una situación muy complicada. Imagínate si la policía municipal de Reynosa podría combatir al crimen organizado. Obviamente no, por lo tanto, a pesar de que no es lo deseable, es lo necesario”, sostuvo.
