Por Osvaldo Valencia 

El actual problema del robo de combustible en la entidad poblana es un tema que Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó crecer, ya que desde hace 20 años existían reportes de perforaciones a los ductos de la petrolera, mismos que fueron señalados por los gasolineros que hoy se encuentran en la mira por presuntamente comprar gasolina de forma ilegal.

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Incluso, en aquel tiempo, la paraestatal se deslindó del tema ya que afirmó que “no era su responsabilidad vigilar los ductos”, comentó Luz María Jiménez Almazán, presidenta de la asociación de Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT) en entrevista para 24 Horas Puebla.

De acuerdo con Jiménez Almazán, la GUEPT tiene documentadas las cartas que enviaron a la empresa petrolera donde daban fe y evidenciaban los daños a las instalaciones por donde circulaba el hidrocarburo.

“Tenemos evidencia de cartas que entregamos a Pemex de hace casi 20 años donde les decíamos que los ductos habían sido perforados, pero ellos nos dijeron que no era su responsabilidad vigilar los ductos” señaló.

Una década después la alerta creció para los empresarios, pues notaron un aumento en cuanto al número de tomas clandestinas en varios puntos de la entidad, situación que ni el gobierno federal ni la entonces paraestatal se tomaron la molestia en atender, declaró.

Esto se debe –explicó– a la participación de elementos de Pemex en el delito, ya que se necesita gente que conozca las horas exactas en las que se traslade el hidrocarburo a través de los ductos, así como la intensidad del bombeo y la cantidad que se envía ya que “no todo el tiempo está circulando gasolina”.

La presidenta de la GUEPT añadió que el verdadero negocio de los huachicoleros no se encuentra en la venta al menudeo en carreteras o tianguis locales, sino en las grandes transacciones hacia otros estados como Oaxaca y Veracruz e incluso Centroamérica.

Ante el aumento de la ordeña de ductos y los enfrentamientos entre los ladrones de combustible y los militares, Jiménez Almazán calificó como “única esperanza para acabar con este delito” el intensificar la presencia del Ejército en los municipios del corredor huachicolero.

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