La defensa legal del empresario gallero, quien tenía el control y gozaba de comodidades en San Miguel, apelará para que el proceso se lleve a cabo en Puebla

 

Por Guadalupe Juárez

El empresario gallero Jorge Aduna Villavicencio,presunto actor intelectual de la muerte de seis personas como parte de una venganza, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social de Durango número 14 (Cefereso), la madrugada de ayer.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado dio a conocer, a través de un comunicado de prensa, que esto se derivó como parte de una “medida urgente y necesaria para salvaguardar la seguridad y estabilidad” del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

Según la dependencia estatal, el actual director de dicho penal, Carlos Javier Taboada Villanueva, solicitó el traslado de Aduna Villavicencio a un Centro Federal, después de revisar las evaluaciones y considerar el diagnóstico de riesgos para la reorganización dentro del penal estatal.

Por el momento, su defensa legal apelará la decisión con el argumento de que el proceso se lleva a cabo en la entidad poblana, ya que no habría razones para trasladarlo a otro lugar.

Según testimonios anónimos el empresario tenía una parte del control del Cereso e inclusive organizaba fiestas con mariachi, bebidas alcohólicas, en las cuales gozaba de todas las comodidades.

Familiares de las personas que fueron asesinadas aseguraron a esta casa editorial que a raíz de que se hizo público el asesinato y el secuestro, cuatro de ellos, colonos de Lomas de San Miguel –misma zona donde se ubica este penal–, habían recibido amenazas telefónicas para que dejaran de pedir seguimiento al caso a las autoridades; sin embargo, no presentaron una denuncia en forma.

El 20 de febrero del año en curso, la Fiscalía General del Estado (FGE) esclareció las seis desapariciones en la colonia Lomas de San Miguel, el expediente con la averiguación previa fue el AP/001/2016/FISDAI.

La investigación a cargo de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) estableció que algunos de los desaparecidos participaron en un robo a una casa habitación de familiares de Aduna Villavicencio el cual no fue denunciado.

Los defensores legales de Aduna Villavicencio interpusieron un amparo en el Segundo Tribunal Colegiado por presuntas anomalías en el proceso de la FGE en contra de los agentes ministeriales.

En abril de este año, el empresario rechazó en una entrevista haber ordenado la muerte de las seis personas al asegurar que nunca se registró el robo a una de sus casas o algún ataque contra sus familiares, por lo que no habría un motivo de venganza.

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