Traspatio
Por Luis Pavón / @pavonlui
Poderoso caballero, Don Dinero es una frase que le queda como anillo al dedo a lo que ocurre en Quintana Roo.
Y si no, que le pregunten a todos aquellos que han obtenido terrenos en áreas naturales protegidas, para levantar grandes desarrollos hoteleros, comerciales o viviendas de lujo, por citar algunos ejemplos de lo que ocurre en esa entidad. Claro, con la venia de las autoridades.
En 2016 se conoció la destrucción del manglar (protegido por decreto presidencial) en el malecón Tajamar de Cancún, por parte de la autoridad.
Empezó una lucha jurídica, que sigue hasta la fecha, por detener el proyecto del complejo comercial y edificios que se pretende construir en esa zona que los cancunenses hicieron suya, porque ahí van a caminar, andar en bicicleta, patinar y disfrutar de la ciudad en la que viven.
Justo en esa fecha, febrero de 2016, en lo que era Primero Noticias alertamos que se avecinaba otro conflicto ambiental ante la construcción de un mega hotel en la zona conocida como Punta Nizuc, cerca de la zona hotelera de Cancún, y es que el proyecto a desarrollar estaría en medio de dos áreas naturales protegidas.
Pero no sólo eso, en marzo de 2015 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estableció que era un proyecto improcedente y negó la autorización, aunque después cambió de opinión.
Los grupos ambientalistas denunciaron que el Ayuntamiento de Benito Juárez, donde se ubica Cancún, reformó de manera fast track y sin mayores fundamentos el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) para que procediera la edificación de ese hotel.
Así que inició la batalla en los tribunales. El primer round lo ganaron los opositores al proyecto.
El magistrado de la Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial de Quintana Roo, Juan García Escamilla, declaró ilegal la reforma aprobada en 2014 al Plan de Desarrollo Urbano de Cancún que autorizaba la construcción de ese complejo hotelero ubicado dentro de dos áreas naturales protegidas.
Al resolver un amparo, el magistrado anuló la sesión de Cabildo en la que el ayuntamiento de Benito Juárez autorizó dicha reforma y dictaminó que la autoridad municipal no fundamentó la causa para modificar el plan de desarrollo urbano
El fallo judicial tiene como alcance cancelar la construcción de ese hotel que constaría de 15 niveles, 565 habitaciones, dos bares acuáticos y cinco albercas en la zona de Punta Nizuc.
Se trataba de un proyecto lleno de irregularidades, según grupos de ambientalistas que interpusieron varios amparos.
Araceli Domínguez, que encabeza el Grupo Ecologista El Mayab, me dijo: “el municipio, lo que hace es: abre una sesión de Cabildo para cambiar las densidades de este terreno y darle a Punta Nizuc la densidad que necesitaban”.
La oficina en Cancún del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) también alertó de la ilegalidad que decían se estaba cometiendo:
“Fue muy desafortunado este Plan de Desarrollo Urbano porque lo que hizo fue incrementar de cuatro niveles permitidos de construcción a 16 niveles y de 75 cuartos por hectárea a 275 cuartos por hectárea”, me comentó Alejandra Serrano, quien en esa fecha estaba al frente del Cemda en Cancún.
La autoridad municipal, como era de esperarse, rechazó los señalamientos. Entrevisté al entonces secretario municipal de Desarrollo Urbano y Ecología, Rolando Melo, quien dijo:
“Categóricamente te lo niego. El PDU 2013 (el que había) sí hace tema de conversión con número de cuartos hoteleros, con la comparación del PDU 2014 (el que ellos reformaron) se le disminuyeron casi 400 cuartos menos”.
Pero ese caso tenía un antecedente, la Semarnat había negado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de ese proyecto del grupo español RIU.
Incluso, determinó que tampoco se aprobara por excepción el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
La dependencia enumeró que el grupo hotelero RIU incumplía con distintos artículos establecidos en las leyes ambientales; no presentó elementos suficientes para determinar la viabilidad ambiental; caía en incongruencias en lo que pretendía desarrollar; además de rechazar que hubiese manglar y fauna protegida cuando sí las había.
Esas situaciones hicieron que la Semarnat, encabezada entonces por Juan José Guerra Abud, determinara no autorizar el proyecto.
Sin embargo, nueve meses después, ya con Rafael Pacchiano al frente de la dependencia, el 18 de diciembre de 2015 la Semarnat aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental, diciendo que todo estaba correcto.
En el Cemda no se explicaban el cambio de criterio. Alejandra Serrano que presidía el centro, me comentó: “no entendemos por qué cuando se negó la autorización en 2015 si era muy importante ambientalmente el predio y a estas fecha no es tan importante para la Secretaría del Medio Ambiente, cuando la Comisión Nacional de Áreas Protegidas recomendó que no se diera la autorización al proyecto”.
La MIA que fue negada y autorizada en un lapso de nueve meses fue firmada por el mismo funcionario: Alfonso Flores Ramírez, director general de Impacto y Riesgo Ambiental.
El funcionario, justificó que el cambio de criterio fue porque la empresa hotelera había corregido las fallas técnicas.
“El proyecto volvió a ingresar en octubre de 2015 y subsanó estos estudios: ingresó el estudio geohidrológico, el estudio geomorfológico e hizo una vinculación muy completa y exhaustiva con relación al área natural protegida, al sitio Ramsar y a la Norma 022 y el artículo 60 Ter de la vida silvestre”, me comentó.
Araceli Domínguez, del Grupo Ecologista del Mayab, argumentó que la Semarnat no reconocía que el proyecto estaba en medio de dos áreas naturales protegidas.
La versión oficial dada a conocer fue: “el proyecto no está en ninguna de las poligonales ni de la laguna de Nichupté ni dentro del sistema arrecifal de los litorales de Cancún”.
El abogado y activista Francisco Villarreal señaló que existían ejemplares de iguana rayada, enlistada en la Norma Oficial Mexicana 059 como especie protegida.
Nuevamente, Alfonso Flores negó que se fuera a destruir al medio ambiente.
“La Norma 059 que maneja la Secretaría del Medio Ambiente es una norma indicativa. No significa que porque exista una especie que está ahí en algún estatus significa que un proyecto se va a negar. Significa que en base a eso se van a proponer medidas de mitigación para que esa especie siga manteniéndose en el hábitat o bien sea reubicada a una zona donde le permita su desarrollo natural”.
Así que la Semarnat concluyó que el hotel cumplía con la normatividad ambiental.
La sentencia emitida este mes de mayo por el Poder Judicial de Quintana Roo echa para abajo el proyecto y determina la ilegalidad en que incurrió el ayuntamiento de Benito Juárez, por lo que 38 millones de dólares andan bailando.
Eso fue lo que pagó el grupo RIU por el predio donde quería construir ese complejo hotelero.
Dinero que recibió la administración del priista Paul Carrillo, quien buscó ser candidato a gobernador y suceder a Roberto Borge, el gobernador que –dicen– estaba detrás de la reforma al PDU porque en ese estado no se movía la hoja de un árbol sin su voluntad.