Este sistema, al confrontar a las partes, permite la revictimización de los agraviados y la violación de sus derechos
Garganta Porfunda
Por Arturo Luna Silva / @ALunaSilva
En las omisiones y yerros que han llevado a la creciente ola delincuencial que padece la ciudad de Puebla hay más culpables y responsables de los que a simple vista se pueden señalar.
Es un problema sistémico que, sobre todo, tiene que ver con las fallas del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), el mismo que, con sus “bondades”, ha sacado de las cárceles –con procedimientos ágiles y/o adelantados– a casi cuatro mil presos, muchos de ellos de vuelta a las actividades ilícitas.
La actual situación de inseguridad que atraviesa la capital se explica, también, por el rezago en los trabajos legislativos sobre la norma que debe establecer un Mando Único o uno Mixto policiaco y, desde luego, por la ineficiencia de las autoridades municipales y sus cuerpos policiacos.
En el primer tema, incluso los mandatarios estatales agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) han expresado la urgencia de hacer modificaciones el NSJPA o eso nadie lo va a parar.
Si bien se considera que con este nuevo sistema hay sentencias expeditas y es un procedimiento más “humano”, también hay un cúmulo de argumentos del por qué ha venido a complicar la justicia y ha incidido negativamente en la seguridad.
Ha favorecido también que, por sus deficiencias, la gente opte cada vez más por hacerse justicia por propia mano.
Muchos juristas lo consideran una “copia pirata” del de Estados Unidos, cuando son dos sistemas distintos de origen.
Aquí, el sistema jurídico tiene bases romano-germánicas; allá surge del Common Law.
Uno de sus yerros más graves, coinciden académicos y especialistas, es que al confrontar a las partes, se permite la revictimización y violación de los derechos humanos de las víctimas.
También se advierte que, al favorecer la divergencia de criterios entre jueces y magistrados, se genera impunidad y se daña la credibilidad del NSJPA, que se veía como la solución de la justicia mexicana, cuando nació el 18 de junio de 2008, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en la materia.
En junio del año pasado entró en vigor en todo el país.
Al hacer más expeditos los juicios se evita la sobrepoblación en las cárceles, sí, pero en este ejercicio regresan a las calles muchos que son verdaderos delincuentes y que fueron favorecidos sin mérito
para ello.
En la bondad va la penitencia.
De ahí que, desde antes de asumir la presidencia rotativa de la Conago, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, planteó la urgencia de hacer ajustes al NSJPA.
En realidad se le ve como un fracaso.
El caso de nuestra entidad es grave: luego de que entró en vigor el nuevo sistema el 17 de junio del año pasado y sólo contando hasta el último día de 2016, fueron liberados tres mil 724 reos.
¿Todos ellos tenían suficientes méritos para esta liberación expedita?
¿O se beneficiaron de una reforma constitucional y un sistema con grietas, muchas grietas, jurídicas?
¿Muchos de ellos son parte de las hordas de ladrones de autopartes, asaltantes que además no se conduelen y asesinan a sus presas, delincuentes que han hecho peligrar a los poblanos en las últimas semanas?
Lo más seguro es que sí.
Sobra decir que la mayor cantidad de liberados, dos mil 503 presos, fueron del llamado penal de San Miguel, en la capital poblana.
Pero la inseguridad y el crecimiento exponencial de la delincuencia no solamente se explican con ello.
Hay, definitivamente, ineficiencia de las autoridades encargadas de brindar seguridad a los poblanos.
En caso de la capital, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alejandro Santizo Méndez, es el responsable directo. Por eso se ha pedido con insistencia su renuncia.
Pero en la maraña de errores, omisiones y retrasos, que son abono y tierra fértil para la delincuencia, también está el trabajo que han dejado de hacer los legisladores federales.
Seguimos esperando –lo señalé en una entrega anterior– que se pongan de acuerdo para aprobar el Mando Único Policiaco o el Mixto.
Urge, porque además con ello se destrabaría la Ley de Seguridad Interior.
Las causas de la impunidad, la inseguridad y la delincuencia son muchas.
Tienen muchos responsables.
Pero más allá de las causas, y de las explicaciones, y de las justificaciones de las autoridades, lo que los ciudadanos queremos es no tener más robos, más asaltos.
Las familias ya no quieren más luto.
Ya no queremos más muertos.
Ni vivir con miedo.