Por Mario Galeana
El mantenimiento económico del penal de San Pedro Cholula no depende únicamente del gobierno municipal de José Juan Espinosa Torres, informó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Puebla, Mario Rincón González.
Anteayer, el alcalde dijo que cada reo en el penal le costaba a su administración alrededor de 40 mil pesos anuales, por lo que anunció que el centro de reclusos sería “entregado” al gobierno del estado para que asumiera su control.
“Fue encargarse de una bomba de tiempo. Un municipio no tiene capacidad para administrar un penal con esas características. Ahora, en la dirección me releva el gobierno del estado”, aseguró Espinosa Torres.
Pero Rincón González desmintió sus dichos. El diputado local dijo que el costo por administrar el Centro de Reinserción Social no recae de manera única en San Pedro Cholula, sino que se reparte entre los municipios aledaños a él, como Coronango y San Andrés Cholula.
Calificó el pronunciamiento de Espinosa Torres como “estrambótico y político”, pues la dirección general del penal depende de manera directa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
“Fue sólo una declaración estrambótica y política, pues son todos los municipios cercanos quienes pagan la organización y el mantenimiento. Hay una dirección que depende de la SSP; así que yo le pediría juicio, porque eso sólo crea confusión”, declaró el legislador panista.
Reconoció que se requieren recursos para la construcción de un centro penitenciario con mejores condiciones, pues, de acuerdo con organismo de derechos humanos, el de San Pedro Cholula es uno de los Ceresos más sobrepoblados del país.
A lo largo de tres años, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla ha emitido por lo menos dos recomendaciones al gobierno de Espinosa Torres por las condiciones de hacinamiento del penal.
Y, según versiones, la corrupción ha manchado a custodios y directivos. En marzo, por ejemplo, al menos 50 custodios denunciaron cobro de cuotas al interior del penal y el gobierno municipal optó por despedir a algunos de ellos, bajo el argumento de la no aprobación de las pruebas de control de confianza.
El 16 de diciembre de 2014, también, un escándalo ligado al tráfico de droga, prostitución de cuatro mujeres extranjeras y cobro por visitas íntimas fue denunciado por trabajadores administrativos y custodios.
