Bitácora
Por Pascal Beltrán del Río
Terminó ayer una fase de los procesos electorales de este año y el sabor que éstos dejan es amargo.
No lo digo por quienes se alzaron oficialmente con el triunfo en sus respectivos estados, municipios y distritos, sino porque la democracia mexicana se ha vuelto el caro vicio de los partidos, que pagamos los contribuyentes… sin obtener nada bueno a cambio.
En seis años se han gastado casi 80 mil millones de pesos en el funcionamiento del INE y en prerrogativas de las organizaciones políticas. La cifra no incluye lo que presupuestan las entidades federativas para el mantenimiento de las instituciones y los partidos a nivel local.
En el origen, el gasto público en elecciones tenía el objetivo de nivelar el campo de juego y ofrecer las mismas oportunidades a todos los partidos para gobernar y representar a la población. Asimismo, evitar la intrusión de intereses particulares en las contiendas electorales. Un tercer objetivo, que se agregó después, era financiar diferentes mecanismos de control para garantizar la equidad y el respeto de la ley por parte de los contendientes. ¿Qué nos ha dado toda esa inversión? ¿Mayor profesionalismo de la política? No. ¿El fin de las disputas sobre la legalidad de los procesos? No. ¿La certidumbre respecto de los resultados? Tampoco. Si a eso agregamos que el dinero público ha hecho adictos a los participantes de la política, habría que concluir que hemos hecho una pésima inversión.
Imagine una familia que gasta una parte considerable de su patrimonio para enviar a un hijo a estudiar a una escuela cara y luego se entera de que el muchacho, en lugar de corresponder a ese esfuerzo con dedicación al estudio, se la pasa de juerga y reprueba todas las materias.
Eso es lo que han hecho los partidos con nuestro dinero. Lamentablemente, ninguno se salva. Unos han sido más hábiles que otros para chupar los recursos públicos, pero esa es la única diferencia. Encima de ello, las contiendas electorales han producido dos tipos de contrincantes: los abusivos y los llorones. Los primeros aprovechan todos los resquicios que pueden para violar el espíritu e incluso la letra de la ley y desviar recursos privados y públicos hacia sus intereses. Los segundos intentan hacer lo mismo, pero, al no lograrlo, desconocen los procesos cuando los resultados les son adversos.
Por desgracia, unos y otros logran engatusar a la población para hacerle creer que el otro bando es peor que ellos, cuando, en esencia, son iguales.
En estas últimas elecciones vimos a gobiernos estatales —e incluso al gobierno federal— operando a favor de los candidatos de su partido. Estas prácticas suelen ser muy difíciles de documentar, desde un punto de vista legal. ¿Cómo puede probarse que la entrega de un tinaco se tradujo en la emisión de uno o más votos a favor del partido gobernante, sobre todo cuando la oposición aconseja a los ciudadanos a que acepten los regalos, pero a la mera hora digan “¡tengan su voto!”?
Cuando gana el partido del gobierno, esa misma oposición, que conminó a los votantes a tomar las dádivas, luego se escandaliza por ese hecho. Y, peor aún, se declara ganadora de las elecciones, diciendo que tiene “actas en la mano” para probarlo, actas que jamás enseña públicamente a nadie. Eso es, desafortunadamente, lo que nos espera dentro de un año. Partidos gobernantes —en los estados y a nivel federal— que se benefician del desvío de recursos públicos y partidos opositores que impugnarán los resultados si les son adversos.
En resumen, cero profesionalismo, cero certeza, cero respeto de la legalidad, cero beneficio para los contribuyentes que pagan esta enorme francachela.
BUSCAPIÉS
Héroe de la ultraizquierda, el chileno Raúl Escobar Poblete, alias Emilio, militó en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), organización clandestina que luchó con las armas contra la dictadura de Pinochet. Concluida la dictadura en 1990, siguió activo. En abril de 1991, asesinó al senador Jaime Jorge Guzmán Errázuriz, atentó contra personal de seguridad de la embajada estadounidense en Santiago y secuestró al hijo del dueño del diario El Mercurio.
Posteriormente, en 1996, sacó de una cárcel de alta seguridad a cuatro de sus compañeros del FPMR —mediante un espectacular operativo que involucró el uso de un helicóptero— y luego desapareció. En 2002, la policía brasileña encontró sus huellas en la escena de un secuestro. La semana pasada fue detenido en Guanajuato por ser parte de una banda que lleva años realizando plagios en la zona del Bajío.