Las irregularidades del ex gobernador de Quintana Roo, hoy detenido en Panamá, no se limita al remate ilegal de terrenos a familiares y amigos sino al desvío de recursos, que asciende a más de tres mil 500 mdp
Traspatio
Por Luis Pavón / @pavonlui
En Quintana Roo, la hoja de un árbol no se movía sin la voluntad del gobernador.
Roberto Borge Angulo vivía pegado a su celular. En los actos públicos pocas veces ponía atención a los discursos, estaba más pendiente de su teléfono móvil escribiendo mensajes. Personalmente se encargaba de parar las críticas, los ataques, de mandar advertencias a quienes no querían hacer lo que él había dispuesto.
El ex alcalde de Cozumel, Aurelio Lito Joaquín, lo responsabilizó de su tumor cerebral. Declaró que tiene grabaciones que pronto dará a conocer, en las cuales Roberto Borge lo amenazó en varias ocasiones.
Las irregularidades detectadas en la administración del priista, hoy detenido en Panamá, no se limitan al remate ilegal de terrenos a familiares y amigos.
El desvío de recursos que hicieron durante su administración se realizó con prácticas similares a las de Javier Duarte en Veracruz.
Por citar un ejemplo, se quedó con el dinero de los burócratas: 780 millones de pesos que les descontaban de su quincena en créditos adquiridos vía nómina, pero los cuales no fueron entregados a las empresas.
“El gobierno me descontó vía nómina el dinero, ya estoy en el buró de crédito por culpa del gobierno”, con los ojos al borde las lágrimas, pero contundente, fue lo que me dijo Héctor Moo, quien lleva 30 años como docente y explicó que él sacó de esa forma el crédito para hacerse de un “cochecito”.
Él es uno de los casi 500 profesores de Quintana Roo que podría perder el vehículo que compró a crédito y cuyo dinero le era descontado de su nómina. Lo terminó de pagar el año pasado en el descuento que le hacían quincenalmente.
Sin embargo, no puede obtener su factura ya que desde 2012 el gobierno de Roberto Borge dejó de entregar ese dinero a las empresas que ofrecen esos servicios.
¿Cuál fue el argumento para que no les entregaran el dinero? Le pregunté al gerente regional de una de las empresas acreedoras y su respuesta fue tajante: que no contaban con presupuesto.
Sólo que ese dinero no era de ningún presupuesto sino que era parte del salario de los trabajadores del gobierno. ¿Para qué lo usaron? ¿Dónde fue a parar ese dinero?
Por lo pronto, esa deuda asciende a 780 millones de pesos, según la actual administración estatal.
El otro dinero “perdido”
Los 787 millones de pesos fueron usados en la compra de varios programas informáticos destinados para pagar a siete empresas, las cuales no existen en la tecnología de las oficinas de gobierno.
También desaparecieron mil 660 millones de pesos, los cuales fueron adquiridos mediante un crédito a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), recursos que se destinaron a la cuenta revolvente de la Secretaría de Finanzas, y ahí fue donde desapareció el dinero.
Otro desvío fue el que denunció Fabiola Cortés, fundadora de la asociación Somos tus Ojos: mil 464 millones de pesos procedentes del impuesto al hospedaje y los cuales fueron destinados para los fideicomisos de promoción turística de Cancún y la Riviera Maya, recursos de 2014 y parte de 2015.
Si hacemos la suma de esos desvíos, son más de tres mil 500 millones de pesos.
El actual gobierno estatal encabezado por Carlos Joaquín González ya investiga el paradero de esos recursos.
Pero Roberto Borge no es sólo señalado de desviar recursos, también de construir obras inoperantes.
El llamado Auditorio del Bienestar (clon de un auditorio en Nayarit que le gustó a Borge y ordenó construirlo en Cancún) tuvo 70 millones de pesos de sobrecosto, obra que quedó año y medio en el abandono después de que lo terminaran de construir en marzo de 2015.
Un día antes de terminar su mandato, Roberto Borge Angulo inauguró lo que pretendía fuera su gran obra: un espacio para eventos en Cancún con capacidad para 12 mil personas.
Pero, ¿qué cree? Dicho auditorio se construyó sin permiso de obra, sin tener la manifestación de impacto ambiental al estar en terrenos forestales y no le hicieron estacionamiento, lo cual se lo indicó la Auditoría Superior de la Federación en 2015.
Ante las irregularidades de la obra, el actual gobierno de Quintana Roo interpuso una denuncia penal en la PGR, ya que se construyó con recursos federales.
Además de las denuncias en contra de Roberto Borge Angulo en la Fiscalía del estado, la dependencia investiga a 17 ex colaboradores y presuntos prestanombres. 11 de ellos con orden de aprehensión.
Al menos cinco de esos ex funcionarios ya interpusieron amparos contra posibles órdenes de detención.
Es el caso de Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas, ha promovido dos amparos: contra la orden de aprehensión y el juicio político que está en el Congreso.
José Alberto Alonso Ovando, ex secretario de Educación, pidió un amparo contra una orden de aprehensión librada por el juez primero en Quintana Roo.
Édgar Méndez Montoya, principal prestanombres de Roberto Borge, según la Fiscalía estatal. El amparo que interpuso fue contra la Unidad Especializada en Investigaciones de Recursos de Procedencia Ilícita.
Claudia Romanillos y Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex titular y ex coordinadora jurídica, respectivamente, del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), están incluidas en la orden de aprehensión librada por un juez federal contra Borge.
La detención del ex gobernador de Quintana Roo está sustentada en el remate ilegal que hizo de terrenos del estado a familiares y amigos.
Pero también está la constitución de la naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, cuyos embarcaciones son conocidas como Barcos Caribe. Desde un principio se atribuyó que Borge y su padre estaban detrás de esa empresa.
Un documento del Registro Público del Comercio revela que dicha empresa fue asegurada por la SEIDO. El motivo fue para evitar que se puedan cambiar de socios o accionistas; el capital social, a efecto que se evite la disolución de la sociedad o se realice algún acto jurídico que modifique las condiciones de su constitución, mientras se investiga.
Se sorprenderá la manera en cómo se creó Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe. Se constituyó en junio de 2012 con un capital de 200 mil pesos, pero sus primeras dos embarcaciones las compraron en cuatro millones 900 mil dólares, según los contratos de adquisición.
Como dueños aparecían: Franco González Padrón, tío del ex gobernador Félix González Canto y padre de Juan Carlos González Hernández, quien fue alcalde de Cozumel, secretario de turismo y delegado de Fonatur en la gestión de Roberto Borge.
El otro accionista era César Celso González Hermosillo, abogado del papá de Roberto Borge, quien adquirió el total de acciones de la empresa en agosto de 2016.
En 2015, el gobierno de Quintana Roo informó que Roberto Borge Martín, padre del mandatario estatal, fungía como asesor legal de la naviera pero no tenía acciones.
A pesar de estar asegurada, Barcos Caribe se sigue brindando el servicio entre Playa del Carmen y Cozumel.
Roberto Borge Ángulo, quien se quería adueñar del caribeño Quintana Roo, ahora está preso en Panamá y con un pie en la calle cuando sea extraditado a México.
La PGR dijo que el delito de lavado de dinero es grave, pero alcanzaría la libertad.
Luego no quieren que la gente se indigne y les diga de cosas.