Las Serpientes
Por Ricardo Morales Sánchez /[email protected]
Vaya controversia que ha generado el nuevo Sistema de Justicia Penal, que ya provocó la reacción de los gobernadores afiliados a la Conago, quienes quieren dar marcha atrás a lo aprobado.
Los mandatarios estatales culpan del grave problema de inseguridad que azota al país a este nuevo sistema de justicia, el cual privilegia la presunta inocencia del inculpado en vez de ser como el anterior, calificado de inquisitorio por parte de los acusados. Presunto culpable vs presunto inocente.
Los gobernadores aseguran que el nuevo sistema de justicia penal deja en libertad inmediata a los delincuentes sin que se tome en cuenta los antecedentes del sujeto, lo que a su vez desmotiva a los cuerpos de seguridad ya que aunque éstos hayan capturado al sujeto en flagrancia, deben demostrar la culpabilidad del individuo.
Esto ha ocasionado que en lo que va del año, tan solo en Puebla, más de dos mil 500 sujetos detenidos recuperaron la libertad y volvieron, en su mayoría, a delinquir, lo que ha despertado la furia tanto de las autoridades como de los ciudadanos quienes, en muchos casos, han decidido tomar la justicia en sus propias manos para acabar con lo que juzgan como impunidad.
Por su parte, los juristas también exponen su versión, no exenta de razón. Alegan que lo que busca la nueva ley es evitar los presuntos culpables, a quienes en la mayoría de los casos y si les iba bien, tardaban hasta un año y siete meses para que les fuera dictada sentencia e incluso hubo situaciones como la de un indiciado que debió esperar su sentencia siete años y ocho meses, resultando inocente de los cargos imputados.
Bajo la presunción de la inocencia y de que la mayoría de las pruebas que se presentaban durante un juicio eran prefabricadas, las cárceles de todo México estaban repletas de presuntos inocentes, los cuales se terminaban de corromper en los penales del país, auténticas escuelas del crimen.
Me parece grave que han pasado más de ocho años desde que se comenzó a implementar este nuevo sistema de justicia penal sin cumplir el objetivo de capacitar a jueces, agentes del Ministerio Público y al eslabón más débil de la cadena: es primordial orientar a los agentes policiacos en la labor de la investigación y el levantamiento de las pruebas.
Por supuesto, toda ley es perfectible, pero es increíble que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal no se hubieran previsto a tiempo las consecuencias que este nuevo elemento tendría en la sociedad y, sobre todo, el impacto que tendría para elevar los índices de inseguridad en todo el país.
Por lo pronto, la controversia sigue. Algo se debe de hacer, alguna enmienda, algún parche que ponga freno a la ola delictiva que, si bien es cierto es aprovechada por algunos grupos políticos para tratar de sacar raja, también obedece a un legítimo reclamo popular.