El empresario gallero fue recluido en el Cereso de San Miguel acusado de ser el autor intelectual del multi homicidio, arguyó su detención por ser concesionario de pozos de agua
Por Guadalupe Juárez
Jorge Aduna Villavicencio pareciera seguir siendo el mismo. Con palabras duras, de acero, rechaza una y otra vez ser el culpable del asesinato de seis personas. Es más –afirma–, el robo a su casa y la agresión a uno de sus familiares, que pudo haber detonado su venganza contra ellos, nunca sucedió.
“No pasó nada. Mi casa es impenetrable. Mi familia no sufrió nada. Ni violaciones ni nada. Mi hija estaba en España, ni estaba aquí y a mi casa nadie entra. Te lo aseguro”, declaró al reportero Edmundo Velázquez para el portal de noticias Periódico Central.
Su defensa ante el medio de comunicación la hace tras las rejas del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel –en la misma colonia donde vivían cuatro de los seis ejecutados– y en donde el empresario gallero permanece recluido desde el 20 de febrero de 2016. Su tono de voz es plano.
Si fuera posible ver su rostro por el registro en el audio publicado podría decirse que su expresión es impávida. “Era duro, no es una persona que exprese mucho, era duro”, decía sobre él uno de sus trabajadores en Cuautlancingo, donde hallaron los restos y pertenencias de Román Limón Gómez, Marco Antonio Cuautle, Pedro Negrete Orea, Luis Ángel Flores Gutiérrez, Rogelio Rivera Osorio y Bryan Gerardo Torres Sandoval, según reveló la Fiscalía General del Estado (FGE).
Aduna Villavicencio insiste en su inocencia, y dice no saber por qué lo detuvieron si él no estaba involucrado con ninguno de los ministeriales que habrían otorgado información a los sicarios para que asesinaran a las seis personas.
En su defensa, ante al reportero arremete primero en contra de Alejandro Santizo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, luego contra Fernando Rosales de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), hasta justificar que ser concesionario de nueve pozos de agua lo llevó a su detención.
“Yo trabajo para mí, no trabajo para el gobierno, ni político soy (…) Es probable que (la causa de su detención sea por la concesión de los pozos de agua), no te lo puedo afirmar”, contesta al explicar que su defensa se centra en un amparo en el Segundo Tribunal Colegiado por presuntas anomalías en el proceso de la FGE en contra de los agentes ministeriales, ahora liberados, sus escoltas y los sicarios procesados.
El caso
El 20 de febrero del año en curso, la FGE esclareció las seis desapariciones en la colonia Lomas de San Miguel; el expediente con la averiguación previa fue el AP/001/2016/FISDAI.
La investigación a cargo de la Fisdai estableció que “algunos de los desaparecidos participaron en un robo a casa habitación no denunciado” en la casa de familiares de Jorge Aduna Villavicencio, un empresario gallero, a quien algunas versiones periodísticas lo relacionan como uno de los que obtuvo por varios años la licitación del Palenque de la Feria de Puebla.
De acuerdo con las autoridades, Jorge Aduna habría mandado a sus escoltas –entre ellos un ex policía ministerial y ex personal de la AFI– a investigar la identidad de los autores del robo, a quienes localizaron a través de una iPad que fue robada de la casa de su familiar.
Al ser localizados, los privaron de su libertad, los trasladaron a un inmueble ubicado en la colonia San José El Conde, propiedad del empresario, donde fueron asesinados. Los cuerpos fueron desmembrados y luego calcinados, por lo cual sus familiares pudieron sólo reconocer las prendas y pertenencias encontradas en el lugar.
Una publicación del diario español El País reveló posteriormente que el empresario Jorge Aduna Villavicencio contrató a un sicario para consumar su venganza. De acuerdo con esa investigación un ex militar de Tamaulipas, Antonio Cantú García, perteneciente al grupo delictivo Los Zetas, dirigió el secuestro y ejecución de seis personas levantadas en la colonia Lomas de San Miguel.
Bajo los métodos de la organización delictiva a la que pertenece, los ultimados fueron descuartizados con cuchillos y hachas. Después, fueron bañados con diésel y calcinados en toneles metálicos agujerados, para facilitar la combustión de los cuerpos.
Cantú García vigiló a Rogelio, Luis Ángel, Bryan, Román y Pedro por semanas. En una libreta, de acuerdo con la FGE, llevaba una bitácora de las actividades de los seis que presuntamente habrían cometido un robo la casa del empresario Aduna Villavicencio.
A través de una iPad que fue sustraída por los presuntos delincuentes, el gallero ordenó localizar a los responsables para vengarse. Sin embargo, el sicario cometió un error. Al llamar a Pedro Negrete Orea, uno de los ultimados en el inmueble ubicado en la colonia San José El Conde –antes de desaparecer–, para que le hiciera un supuesto trabajo de herrería su número quedó registrado.
Su teléfono tendría relación con una cuenta en redes sociales donde la fotografía correspondía a la descripción de uno de los testigos que presenció el secuestro de uno de los seis asesinados.
Con ello, las autoridades tuvieron acceso a la interacción con los implicados en el multi homicidio: Yosafhat Berlanga Flores, quien dijo ser ex elemento de la Agencia Federal de Investigación (AFI); Ricardo López Meza, de 46 años, policía ex ministerial dado de baja por no aprobar un examen de control de confianza; el propio empresario Aduna Villavicencio, así como sus escoltas Alejandro Páez Valenzuela y José Emanuel Limón Meneses.
Familiares exigen justicia
De las seis personas que desaparecieron en distintas fechas, a partir del 28 de octubre de 2015, sólo dos familias permanecen en la búsqueda y la exigencia de que la muerte de sus seres queridos, no quede impune.
“Seguimos sin tener las pruebas de ADN, no sabemos si son ellos. Hemos recibido amenazas y desde que murieron no logramos estar en paz. Lo que pedimos es justicia, que dicten sentencia y que no los suelten, que no se liberen por tener dinero e influencias”, dicen familiares de Román y Bryan afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, ahora bajo la gracia del anonimato en diciembre del año pasado para 24 Horas Puebla.