La Quinta Columna
Por: Mario Alberto Mejía / @QuintaMam
“Mire, señor defensor —le dijo el juez al abogado Marco Antonio del Toro—, usted y yo tenemos claro en este momento que los números no cuadran”.
Todos voltearon a verse y Javier Duarte sonrió como nos ha venido acostumbrando.
Una sonrisa que mezcla ruindad y venganza.
La sonrisa del impune que empieza a sentirse inmune.
Esto ocurrió durante la audiencia de imputación en la que el ex gobernador de Veracruz exhibió la ignorancia de los fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delito Federales (SEIDF).
Duarte, dicen, estaba en su ambiente, muy arropado por su carísimo abogado y las bondades del nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Y mientras el juez de control, Gerardo Moreno García, miraba furioso a los fiscales, Duarte disfrutaba preguntando cosas como ésta, según la crónica de Reforma:
“Usted señala que en diciembre de 2011 le instruí a Alfonso Ortega López comprar parcelas en Campeche, dice que todo esto fue una idea de Alfonso Ortega y que finalmente yo les ordené al referido abogado y a Moisés Mansur y Gerardo Rosas Bocado comprarlas en 20 millones de pesos. Esto se ha difundido en la prensa con detrimento al debido proceso ¿puede aclarar cuántas hectáreas? ¿a quién le compraron y el precio cubierto?”, preguntó un Duarte tranquilo y pausado, con voz aguda.
El reportero Abel Barajas, especializado en periodismo judicial, no perdió detalle de la surrealista escena:
“Los fiscales parecían desconocer el expediente y no sabían siquiera cuántas parcelas habían adquirido en Campeche los prestanombres para revenderlas a precios exorbitantes en operaciones simuladas, pese a ser uno de los datos esenciales del caso. Empezaron a buscar uno por uno los datos solicitados.
“(…) Pero ante la insistencia de Duarte sobre la cantidad de recursos desviados del erario, Pedro Guevara, quien también es director General de Procesos y Amparo en Delitos Federales de la PGR, reconoció que por ahora sólo contaban con elementos para probar 38.5 millones de pesos.
“Por el momento son los únicos recursos”, dijo el fiscal”.
Ufff.
38.5 millones de los más de 439 millones que supuestamente desvió del erario.
Duarte y su abogado no cabían en sus ropas.
El juez, en cambio, obsequiaba miradas furiosas a los fiscales más impopulares hoy por hoy de la PGR.
El ridículo judicial en su máxima expresión.
El reportero Barajas, más informado que los fiscales, narró entonces que cuando el juez “inquirió a los fiscales para precisar los montos, fechas y compradores de los bienes (atribuidos a Duarte), aquellos se tomaron varios minutos para localizar los datos y ofrecerlos a cuentagotas.
“Durante cerca de una hora, la intervención de los representantes de la PGR se hizo lenta, intermitente y con largos silencios. De hecho, hubo un momento en que el impartidor de justicia evidenció a la parte acusadora por su falta de manejo del caso”.
Hubo un momento en que un ruborizado juez de control —siempre según la crónica de Barajas—les llamó la atención a los fiscales:
“Cuando giré la orden de aprehensión me dijo su homólogo que el precio de una (de las parcelas que los presuntos testaferros adquirieron en Campeche) era de 250 mil y otra de 100 mil pesos. No puedo fingir demencia y decir que no conozco el caso.
“(…) Si les cuesta trabajo, puede ser por la carga de trabajo, pero esa no es atribuible al juzgado o a la defensa”.
El final con matracas ocurrió cuando el juez advirtió “a las partes que su decisión de vincular a proceso o dejar en libertad a Duarte la tomaría únicamente con base en lo que escuchara en las audiencias judiciales”.
Es decir:
Con base en lo que los ineptos fiscales presenten como pruebas reales e irrebatibles.
El brillante columnista Salvador Camarena, de El Financiero, le dedicó su más reciente entrega al célebre Javidú valiéndose de una irónica misiva de ficción:
“A quién le va a preocupar el futuro inmediato si tienes licenciado de esos de los que dicen que hay que tener, a la familia a resguardo, unos confesos prestanombres sin público requerimiento, y harto aliado con fuero, vivitos y coleando en su calidad de H. diputados, ya sea en Veracruz o en el mismito San Lázaro.”
Gracias a ese coctel legislativo y judicial, no lo dude el hipócrita lector, Javier Duarte saldrá de prisión en menos de lo que López Obrador tarda en grabar uno de sus heroicos llamados a la Nación.
Los 800 Millones y los Zopilotes del PRI
Coincido con Alejandro Mondragón y Enrique Núñez sobre la línea de financiamiento que pedirá el alcalde Luis Banck por un monto de 800 millones de pesos: en circunstancias de inseguridad como las actuales es más que necesaria.
Sólo la mezquindad de los priistas se atraviesa en acciones como ésta porque hoy tienen en sus cabezas el tema electoral por encima de otros que beneficien a las mayorías.
No hay argumentos que los convenzan cuando de lo que se trata —lo que ellos quieren—es apostarle al fracaso del ayuntamiento en aspectos como la inseguridad y la atención ciudadana.
Sabíamos que eran mezquinos, pero no tanto.
Creen que si fracasa la administración de Banck sus esperanzas de triunfo electoral crecerán.
Hay malas noticias para ellos: una derrota ante la inseguridad es una derrota para todos.
Y ni los votos en las urnas en 2018 sanarán las heridas.
Ejemplos sobran.
Los discursos retóricos de los Iván Galindo, por ejemplo, están cargados de bilis y oportunismo.
La caduca idea de que “los hijos y los nietos de los ciudadanos tendrán que pagar los compromisos financieros que hoy se hagan” es absolutamente ridícula.
Lo que los ciudadanos quieren hoy es caminar tranquilos y no enfrentar a los delincuentes en los autobuses o en sus viviendas.
Lo inmediato está por encima del futurismo electoral.
La mezquindad de la que hacen gala los pinta como zopilotes.
¿Quieren llegar con esa imagen a las elecciones?