Por Redacción

Alejandro Armenta Mier, coordinador de campaña de Blanca Alcalá Ruiz, evitó hablar del supuesto fraude en el cual estaría involucrada la abanderada tricolor a la gubernatura por la venta irregular de un terreno, cuando era alcaldesa de Puebla y presidenta ejecutiva del consejo del Soapap.

—¿Forma parte de la guerra sucia?, ¿es verdad?, ¿se está investigando?, ¿de qué se trata? —Preguntó la reportera de 24 Horas al también diputado federal.
“Nuestra candidata fue la única que presentó su 3de3 en la primera semana en la que iniciamos campaña; los poblanos saben que Blanca Alcalá ha puesto en la opinión pública sus bienes y los ha hecho públicos porque no tiene nada que ocultar”, respondió.

La reportera volvió a preguntar sobre el supuesto fraude: un predio de valor catastral máximo de 50 mil pesos lo vendió en 26.9 millones y, tras hacer una rebaja, lo cobró en 11.9 millones de pesos– vía el presunto prestanombres Telmo Muñoz.

Sin embargo, el legislador se salió por la tangente al asegurar que la información estaba “manipulada”, aunque no señaló directamente al periódico.

—Sin embargo, no utiliza el nombre de Blanca Alcalá para hacer estos trámites (compra irregular del terreno), sino el de Telmo Federico Muñoz, ¿ustedes estarían a favor de que se investigue para deslindar responsabilidades? —Se le insistió.

“Nosotros no tenemos ningún problema. Hay algunos medios de comunicación en Puebla que tú conoces muy bien donde manipulan la información y, por cierto, son medios de comunicación gratuitos que se reparten en todas las calles y a toda la población. Se reparten millones, millones de ejemplares en las plazas públicas, tú sabes a qué me refiero”, contestó.

Por otra parte, pese a que dos diputados priistas avalaron la propuesta y dos más se ausentaron durante su votación, Armenta Mier, calificó como “el robo del siglo” la concesión del servicio de agua potable en la zona metropolitana de Puebla, que fue aprobada por el Congreso de Puebla en septiembre de 2013.

Aseguró que la concesión fue “una maquinación política y económica” orquestada por un grupo de funcionarios y el gobernador.

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