Por Mario Galeana y Serafín Castro
La candidata del PRI-PVEM-PES, Blanca Alcalá Ruiz, confirmó que casi un ciento de funcionarios de Prospera signaron su renuncia el 1 de mayo para promover el voto a su favor, pero dijo que dicha operación se encuentra “en el marco de la ley”.
La senadora con licencia justificó la desbandada de 80 Responsables de Atención (RA) y al menos cinco de los 15 jefes de Unidad de Atención Regional (UAR), quienes signaron su baja bajo el acuerdo de ser recontratados el 15 de junio, al asegurar que lo anterior no significa un desvío de recursos federales para su candidatura.
“La gente es libre de hacer –en el marco de la ley– lo que le corresponda. Y en ningún caso estamos haciendo desvíos de recursos, como sí lo hace el gobierno del estado, presionando (a) maestros desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) y desde otras instancias de gobierno”, declaró ayer en Ajalpan, en uno de sus cierres de campaña.
24 Horas Puebla reveló que, un mes después del arranque de campañas electorales por la gubernatura de Puebla, 85 funcionarios de Prospera signaron su baja de la delegación estatal, bajo el acuerdo de regresar a sus plazas tras los comicios del próximo domingo.
La renuncia, sin embargo, no alejó a los exfuncionarios de los municipios donde laboraban para el programa federal: se mantuvieron en las regiones para promover el voto a favor de la candidata priista.
La operación de los exfuncionarios incluye amenazas a las titulares del programa, a las que se les advierte que, de no apoyar a Alcalá Ruiz, serán suspendidas por dos años de los beneficios de Prospera, declararon a esta casa editorial fuentes al interior de la delegación.
La renuncia, explicaron, tiene por objetivo deslindar a las autoridades de la delegación estatal de Prospera de cualquier acusación por coaccionar el voto a favor del Revolucionario Institucional.
La más reciente irregularidad relacionada con Prospera ocurrió apenas el 26 de mayo pasado, después de que el diputado local priista Rosalío Zanatta Vidaurri, su asistente y un promotor del programa federal, Juan Mendoza Canizales, fueran detenidos en Tlacotepec de Porfirio Díaz con propaganda a favor de Alcalá Ruiz y una lista de beneficiarios de la región.
“Pese a haber renunciado, operadores delinquen”
Por Guadalupe Juárez
Aunque 85 operadores de Prospera hayan renunciado para presionar a beneficiarios a votar a favor del PRI –serán recontratados después de los comicios–, eso no los exime de la responsabilidad penal por cometer un delito electoral, pero sí a las autoridades que utilizan el programa para intentar coaccionar el voto, consideró el vocero de Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón.
Ayer, 24 Horas Puebla evidenció que personal de Prospera renunció a cambio de ser restituido el 15 de junio, de forma que si son sorprendidos por las autoridades locales cuando intentan coaccionar el voto las autoridades del programa podrían deslindarse de estas acciones.
“Lo malo de la gente de Prospera es que la población no sabe que los funcionarios renunciaron o que pidieron licencia, y así están condicionando o coaccionando, lo cual sigue siendo delito. Este punto no los va a eximir; desde el punto de la responsabilidad administrativa sí, pero desde el penal están clavadísimas. Mal hecho, pero ya en su momento presentamos las respectivas denuncias”, expresó el también coordinador de campaña de Sigamos Adelante.
Acción Nacional presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de 201 funcionarios que fueron señalados por ostentarse como personal de Prospera y pedir votos a favor de la candidata del Revolucionario Institucional (PRI) sirviéndose de amenazas de retirar los beneficios del programa federal.
El también senador mencionó que el PAN está atento al seguimiento de las diversas denuncias y de los casos que documentaron sobre el condicionamiento del programa.