Ante la pasividad de las autoridades para abordar los casos de personas desaparecidas, nació este colectivo donde todos los testimonios coinciden. A continuación siete casos que buscan visibilizar el dolor de quien busca sin respuesta

Por: Guadalupe Juárez

Un día, cuando alguien de tu misma sangre no deja rastro, dejas de ser dentista, abogada, empleado, comerciante, ama de casa, padre de familia y, ante la pasividad de las autoridades –las únicas que crees que podrían dar respuestas–, te conviertes en investigador privado, en detective, en un experto que busca cualquier indicio entre cuerpos fríos en un anfiteatro o en fosas clandestinas en medio de la nada.

Pese al miedo, la esperanza te lleva a preguntar con todas las personas que vieron por última vez a tu ser querido, eres alguien que intenta reconstruir sus últimos pasos, que busca cámaras en cada calle para ver si captaron su imagen antes de desaparecer, que acude a cualquier lugar donde hallan un cadáver desconocido, que deja incluso a otro familiar enfermo.

Esa es la tarea que, el dolor, la incertidumbre y la angustia, ha llevado a decenas de familias de desaparecidos en Puebla a recorrer el estado y las entidades vecinas en busca de respuestas.

¿A dónde está sus hermanos, sus madres, hijos, sobrinos?, ¿Están vivos?, ¿Los volverán a ver? 24 Horas Puebla conversó con integrantes del colectivo La Voz de los Desaparecidos, quienes sólo así, juntos, pudieron visibilizar que los ministerios públicos, peritos y agentes no son capaces de revisar las últimas llamadas de una persona desaparecida, tampoco de identificar el adn de los cuerpos reportados como desaparecidos, o brindar cualquier rastro o pista con la que puedan dar con su paradero.

LA CRIMINALIZACIÓN Y LA BUROCRACIA

La desaparición de Juan de Dios en el triángulo rojo –como se le conoce a los municipios donde las bandas dedicadas al robo de combustible operaban–, ocasionó que su madre, María Luisa Núñez Barojas, abogada de profesión, a la par de iniciar una búsqueda propia, creara el colectivo que nació con dos mamás buscando a sus hijos.

La idea se originó tras darse cuenta que sola, a pesar de tener “una ventaja” –por conocer las instituciones y sus deficiencias–, no era suficiente para presionar a los ministerios públicos para que hicieran su trabajo, por lo que en agosto de 2018 emuló lo hecho por otras familias de otros estados donde también había desaparecidos a diario: organizarse.

La ahora activista se encontró con que en todos los casos –23 para ser específicos–, las vejaciones como víctimas indirectas se repetían: los ministerios públicos no asignaban a ninguno de los familiares de desaparecidos un asesor jurídico, –obligación del Estado si no tenían recursos–, tampoco les permitían acceso a las carpetas de investigación, todo –acusa María Luisa–  para no exhibir que no hacían su trabajo.

La pasividad de las autoridades se extiende más. Es la dilación de los resultados de las pruebas de adn, la tardanza para reportar el robo de un vehículo –que quizás era el único indicio para encontrar a alguien–, la falta de convenios con otros estados para que puedan buscar entre los cadáveres desconocidos, las horas perdidas en una oficina, mientras tienen que repetir una y otra vez la misma historia, porque el encargado del caso es cambiado en varias ocasiones.

Son las cámaras de video que están en las calles o en el transporte público, pero no sirven, o sólo graban unas horas, tiempo insuficiente ante la dilación de los trámites –que demoran hasta un año– para que sean revisadas.

Es la criminalización envuelta en la pregunta “¿en qué andaba?” luego de contar la historia de la persona desaparecida.

Se extiende la pasividad junto con la fuga de información de datos conocidos sólo por el familiar, el ministerio público y los agentes de investigación, para que, con un pie fuera de la Fiscalía General del Estado (FGE), se abandone la búsqueda luego de recibir amenazas.

Y también en abandonar tu estado, en tener que endeudarte para ir a las oficinas de quien podría ayudarte, aunque la respuesta sea la misma.

Entre protestas afuera de la FGE, en la 31 Oriente y bulevar 5 de Mayo y con 23 familias en una sola voz, llegaron en octubre del año pasado con el encargado de despacho Gilberto Higuera Bernal.

“Tenemos que enfrentarnos a los juicios a priori, pues ‘¿en qué andaba?’ es el primer juicio al que nos enfrentamos en los mp, en lugar de ser víctima eres delincuente y lo primero que hacen es criminalizar, luego te culpan a ti como familiar y de todos modos no hacen nada”, denuncia.

En esa ocasión, el fiscal supo de las “anomalías, inacciones y omisiones” de su personal, y aunque cumplió con la creación de una Unidad Especializada en búsqueda de personas desaparecidas y con ello, el nombramiento de un titular que atendería los casos, los tres ministerios públicos que la componen son insuficientes para las mil 500 carpetas de investigación de personas desaparecidas.

A esto, se sumó que trasladaron la unidad sin previo aviso, de la FGE al sur de la ciudad, donde incluso para una familia que radica en la capital del estado le es difícil desplazarse para darle seguimiento a su investigación, como si quisieran –acusa– que se cansen y olviden.

“Las familias se van enterando de cuál es su derecho y que ellos tienen que exigirle a los mp, porque no nos hacen un favor, son servidores públicos, tienen un salario que salen del erario, del que todos los mexicanos contribuimos con el pago de mis impuestos, entonces tengo ese derecho a exigirle, yo les decía: ‘No vamos a pedirle apoyo, porque no vamos a pedirle un favor, no les estoy tocando en la puerta de su casa, no es algo personal, les estamos pidiendo que hagan su trabajo’”, sentencia.

Juan de Dios Nuñez Barojas

La noche del viernes 28 de abril de 2017 cambió la vida de María Luisa Núñez Barojas. De hablar por última vez con su hijo Juan de Dios, quien le dijo que tras un retén en la carretera Cuacnopalan llegaría 30 minutos más tarde a su casa en Palmar de Bravo –de donde eran originarios–, se vio buscándolo horas después.

Junto a conocidos y familiares, comenzó por comandancias de Tecamachalco, Quecholac, Ciudad Serdán, Cañada Morelos, Tehuacán, con la policía militar y federal en Esperanza e incluso en la Fiscalía General del Estado (FGE), en la capital poblana.

María Luisa sabía que en la zona operaban bandas dedicadas al robo de combustible y pensó lo peor, o lo que ella consideraba así en ese momento, que a Juan de Dios y a dos de sus amigos que lo acompañaban, los hermanos Abraham y Vicente Basurto Linares, les habían robado la camioneta en la que viajaban y que, para ello, los habían lastima- do y abandonado en algún paraje o barranca.

También cruzó por su mente que había tenido un accidente al ir a dejar al par de amigos, o que se había complicado su situación por el retén, pensó todo, menos que se trataba de una desaparición.

Cuando no pudo localizarlo, quiso rastrear lo que su intuición como abogada le decía, levantar la denuncia del robo de su camioneta y que con ese reporte, al menos, tuvieran un rastro si daban con ella en algún estado o carretera. El pésimo trabajo del área técnica regional de la FGE no permitió que se levantara un reporte en el Registro Público Vehicular (Repuve).

Los yerros de las autoridades la llevaron a que siete meses después interpusiera una queja ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, la cual emitió una serie de recomendaciones que obligaran a la FGE a iniciar las investigaciones, pero eso lo hicieron un año después, “cuando los primeros indicios se habían perdido”.

María Luisa mantiene la búsqueda de su hijo, con la esperanza de encontrarlo con vida, de que regrese e inicie sus estudios en Derecho en la capital poblana.

Olivia Camarillo Viveros

–Ahorita vengo, voy a cobrar, regreso y comemos–, le dijo Olivia a una de sus tres hijas.

–Sí, mamá–, le respondió la niña, que vio a su mamá sacar su bicicleta, tomar una bolsa de mandado con su cartera y una carpeta donde tenía información de los clientes de una financiera para la que trabajaba en Tehuacán.

Era agosto de 2016.

Desde esa tarde, su familia ya no supo de ella.

Gloria Camarillo Viveros relata que pidió a la financiera la información de la cartera de clientes, para saber con quién pudo haber acudido ese día. Pidió a las autoridades que rastrearan las llamadas con las compañías telefónicas para saber si llegó al lugar donde iba o si la interceptaron en el camino.

Su hermana buscó y enumeró cada una de las cámaras en las calles donde vivía Olivia para que pudieran saber más, pero la burocracia de la FGE hizo que revisaran las grabaciones un mes después, demasiado tarde para los dispositivos que guardan el material por 15 días.

En medio de la búsqueda, la familia recibió varias llamadas que, a cambio de dinero, prometían decirles el paradero de Olivia, que les relataban cómo iban vestidos cada uno de sus familiares, que les hacían saber que eran vigilados. Las autoridades les dijeron que se trataba de una extorsión, pero en la carpeta investigación nunca se consignaron como tal.

Aparte del temor, la familia de Olivia se endeudó por sus visitas a la capital poblana para exigir avances en la investigación, esfuerzo que han considerado no ha valido la pena ante los nulos resultados.

“Nos cambian de ministerios públicos y otra vez lo mismo, ya es injusto, ya son tres años que no sabemos nada, nada, nada. A estas alturas pe- dimos que esté con vida, y si alguien le hizo algo, encontrarla, cómo sea, pero encontrarla”.

Raúl Vázquez Montiel

Raúl fue secuestrado un martes 4 de septiembre de 2018 en Ciudad Serdán, después de recibir una llamada telefónica y salir de una carnicería donde se encontraba, entre 10 a 12 horas.

Un par de horas después, su famlilia recibió una llamada donde pedían un rescate por él y los plagiarios lanzaban una advertencia: “No vayan a denunciar, porque las autoridades también saben de esto y están con nosotros, y le vamos a mandar a Raúl en pedacitos”, recuerda Sara Vázquez Montiel, su hermana.

15 días después, acudieron a la Fiscalía Especializada en Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), pero el personal que la atendió les dijo que no buscaran ni hicieran nada más, que ellos se encargarían, que ellos le avisarían, pero a la fecha siguen sin conocer el paradero de su hermano.

Meses después la Fisdai revelaría que habían detenido a los integran- tes de una banda dedicada al plagio en esa región, quienes habían confesado haber secuestrado a su hermano.

Los delincuentes también admitieron que se habían desecho de los cuerpos de sus víctimas en fosas clandestinas, mismas que hallaron; pese a ello se desconoce si Raúl se encuentra entre ellas.

“A raíz de ahí se vino, se pidió la información y que ellos me iban a avisar, y que nos van a avisar, pero no pasa de ahí, o sea no hay ningún apoyo de ellos”, acusa.

Sara dice que ante la incertidumbre y destrozada, ha tenido que ser detective, ir cuando les avisan que encuentran un cuerpo en la carretera, “investigar por nuestra cuenta”.

La semana pasada le informaron que encontraron un cuerpo con las características de Raúl, y a pesar de tener las pruebas de ADN desde hace más de un mes, les dicen que la identificación podría tardar más.

“Lo único que te quiero decir her- mano, es que si estás vivo, quiero que sepas que toda tu familia te estamos esperando y te seguimos buscando hasta el último momento no vamos a descansar hasta encontrarte”, dice, con la esperanza de que Raúl siga con vida.

Aurelio Alfonso Solís Castañeda

Aurelio salió de su casa en Xicotepec de Juárez el jueves 8 de septiembre de 2016, con su novia, África Quiroga Costa.

Los dos fueron vistos en la terminal de autobuses junto a un profesor del tecnológico de la zona, donde la pareja estudiaba, relata su hermana, Patricia Solís. Sin embargo, ninguno de los tres volvió a sus casas.

Las tres familias acudieron al MP de Xicotepec, pero las investigaciones no avanzaban. El caso fue turnado a la Casa de Justicia de Huauchinango, donde para saber de cualquier indicio o avance tenían que viajar y, con ello, gastar recursos. Así, comenzaron a gastar los pocos ahorros con los que contaban, luego vender las cosas,“nos quedamos en la calle”.

La ineficacia de las autoridades se volvía visible con cada trámite, pues las muestras de ADN, se las tomaron seis meses después de la desaparición y, con el cambio de cinco minis- terios públicos, descubrieron que nunca enviaron las muestras a los demás lugares para que pudieran identificar a su hermano, en caso de que se encontrara como desconocido en algún anfiteatro del país.

A la par, Patricia y su familia buscaron a Aurelio en las Semefo de Veracruz, en todos los municipios al norte del estado de Puebla, pero no tuvieron éxito.

Como familiar –cuenta– “tienes que hacer el trabajo de buscador, ya no tienes vida, todo el tiempo vives con estrés, angustia e incertidumbre”.

“El personal de los MP te ven como una molestia, sólo con el co- lectivo sintieron presión, porque así solos dicen que no tienen recursos, no tienen personal, que son pocos”.

Michel Jiménez Toxtle

Cuando Griselda Toxtle llegó al ministerio público de San Andrés Cholula a denunciar la desaparición de su sobrino, Michell Toxtle, la persona que lo atendió al ver la fotografía le dijo que era “simpático”, que seguro se había ido de fiesta y que aparecería después de unos días. Otro, le dijo que seguro era gay. Uno más, que se pudo haber ido de “mojado” a Estados Unidos.

“Le respondí: ‘Sea lo que sea, quiero que ustedes lo busquen’, la verdad se portaron muy mal, no sienten lo que es el momento cuando tenemos un desaparecido, empiezan a cuestionar en lugar de que lo busquen en ese momento, no buscan a la persona, si es buena o mala, yo quería que lo buscaran”, dice.

Ese primer encuentro con la burocracia se dio un 20 de febrero de 2016, dos días después de que Michell desapareciera. El MP pidió a la tía que primero buscara con sus amigos, en los lugares que frecuentaba, en todas partes, al no encontrarlo, fue así como levantaron la denuncia un día después.

El último contacto con Michell fue un mensaje de texto a su tía, cuando le pidió una recarga telefónica. Griselda fue al Oxxo y recargó el teléfono de su sobrino, como lo hacía en varias ocasiones, pero al pedirle que le confirmara que la había recibido, él ya no respondió.

Cuando fue a su trabajo a buscarlo, sus “patrones” le entregaron los documentos de Michell y le dijeron que había pedido permiso para visitar a un tío, pero nunca llegó con él.

Desde esa fecha lo han querido buscar en los estados que colindan con Puebla, pero la falta de convenios con las autoridades, les han dificultado acceder a sus bases de datos para identificar los cuerpos clasificados como desconocidos.

La búsqueda se complica al interior de la FGE que, aunque cuenta con los resultados de varios estudios de ADN, tampoco pueden acceder a ellos, pues los servicios periciales le piden la presencia del MP, el cual se ha negado a la fecha a ir.

Eligio Hernández Jiménez

Ausencio Hernández acudió desde el 15 de septiembre de 2016 a las autoridades de Tepexi de Rodríguez para denunciar la desaparición de Eligio, su hermano. Pero la respuesta fue que tenía que viajar a Tehuacán, donde las autoridades toma- rían el caso.

Eligio salió de su casa la noche de El Grito a ver a una amiga, pero ya no regresó. Ausencio después de interponer la denuncia, al ver que los agentes de investigación no avanzaban, intentó ofrecerles para “el refresco”.

“Lo que yo quería era que peinaran barrancas, que revisaran llamadas de mi cuñada, porque ella no buscó a mi hermano, algo, cualquier cosa, si yo me doy una idea y no es mi trabajo, ¿entonces por qué ellos no pueden?”, recrimina.

Con el paso del tiempo y ver que no comenzaban a buscarlo, Ausencio llegó a la capital poblana, directamente a la Fiscalía General del Estado (FGE), pero nada mejoró, querían regresar su caso a Tehuacán, donde parecía que habían dado un carpetazo.

Desesperado para que “alguien le hiciera caso”, fue a la Comisión de Derechos Humanos del estado, con diputados, con políticos, a Ciudad de México, con cualquiera que le diera algún número y la promesa de ayudarlo a encontrar a su hermano.

Ausencio buscó con sus propios recursos en varios anfiteatros, aunque dejara a su esposa que padece diabetes y su trabajo en una cocina económica.

“Lo que quería es que me hicieran caso, que hagan algo de su parte, para eso están, no están de cortesía. Nos den a su familia tranquilidad. No, no, no, no lo voy a ver jamás, me voy a morir y no lo voy a ver, qué hago”, lamenta.

José María Sedano Posadas

José María desapareció en abril de 2008. Salió de su casa en la capital poblana y desde ese día no se sabe su paradero, relata su hermana Susana Sedano Posadas, quien retomó hace un año la búsqueda, pues durante los primeros años de la desaparición las autoridades no quisieron investigarla como tal.

Susana recuerda que en la época sólo levantaron un “prereporte” y que la única forma de búsqueda fue en Locatel.

Ella buscó por su cuenta en el Centro de Reinserción Social (Cereso), en el hospital psiquiátrico y a través de redes sociales, hasta que encontró en su viacrucis el apoyo del colectivo La Voz de los Desaparecidos, aunque sólo así las autoridades abrieron una investigación, sabe que puede tardar.

“Lamentablemente es un proceso muy lento, doloroso, pero pues con el apoyo de los demás familiares que buscan nos ayudamos, tenemos esperanza, no perdemos la fe de que lo vamos a encontrar. ¡Qué más quisiéramos que estuviera vivo!, pero si ya está muerto, pues lo aceptaríamos, pero queremos saber qué pasó”, dice con el anhelo de darle a su mamá respuestas sobre el paradero de José María.