Por: Guadalupe Juárez

Un grupo aproximado de 30 titulares de estancias infantiles pidió una reunión con el gobernador Guillermo Pacheco Pulido para que intervenga y asigne, junto a los diputados locales, una partida presupuestal extra para subsanar la pérdida del subsidio a estos establecimientos en la entidad.

Lo anterior, debido a que el gobierno federal ha optado por entregarles de manera directa a los padres de los menores de cero a tres años un apoyo económico y no a los establecimientos, por lo cual están en peligro de cerrar o, en otros casos, de incrementar las mensualidades, lo que afectaría a los menores de escasos recursos.

De acuerdo con Yanet Hernández Ramírez, integrante de la coordinación estatal de estancias infantiles en Puebla, ahora los padres pagan entre 400 y 500 pesos mensuales; sin embargo, ante la situación, esta suma podría elevarse a mil 500 pesos al mes, ya que el gobierno federal asignaba por cada niño inscrito en el programa 950 pesos.

Con esa cantidad, aseguró, los directores de las estancias podían ofrecer a los menores tres alimentos al día, pagar la renta del lugar, además subsanar los permisos municipales para operar.

No obstante, el cambio con la nueva administración federal ha provocado que detecten casos de abuso infantil, pues el dinero otorgado a los familiares lo gastan en otras necesidades personales y no para enviar a los menores con un profesional para su cuidado.

A ello se suma que hay niños que no fueron censados y ahora están fuera del programa por completo, por lo cual no pueden recibir tampoco el apoyo monetario.

Los inconformes rechazaron que en sus estancias haya niños fantasma, como acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y defendieron el funcionamiento de sus establecimientos al asegurar que el personal encargado está capacitado, a diferencia de los familiares, que ahora se harán cargo de los menores.

Por ello, pidieron que la Federación informe acerca de las acusaciones que lanzaron y continúen la investigación para detectar a los funcionarios corruptos que permitieron las supuestas anomalías en el programa, lo cual obligó a la suspensión del subsidio.

Hasta 2018, en la entidad había un padrón de 502 estancias infantiles, en las cuales atendían a 18 mil niños de uno a cuatro años de edad.

Hasta ahora ninguna ha cerrado, aunque las matrículas han disminuido cerca de 30% y en algunos casos, el personal ha tenido que reducir su salario para que pueda operar el establecimiento y solventar los gastos corrientes.