El candidato Miguel Barbosa Huerta delineó su gobierno ante el Consejo Universitario de la BUAP, el órgano de gobierno de la máxima casa de estudios del estado. Habló con el aplomo y la certeza del triunfo que, según él, le otorgan las encuestas en las que supera por 30 puntos a su más cercano —o menos lejano— contendiente.
—Tenemos que sentarnos a dialogar inmediatamente después del 2 de junio —dijo al rector Alfonso Esparza Ortiz, que lo miraba reflexivo—. No nos vamos a reunir después del 2 de agosto, sino después del 2 de junio. Porque yo voy a ser gobernador. Estoy 30 puntos arriba. He trabajado mucho.
El candidato de Juntos Haremos Historia en Puebla enlistó los principales ejes de acción que implementará en seguridad, economía, trabajo, medioambiente e igualdad sustantiva.
Y dejó prendida una promesa que le valió un alud de aplausos entre los consejeros: el compromiso de que la BUAP nunca tendrá un déficit económico durante su gobierno.
“A la BUAP nunca le habrán de faltar recursos. Nunca habrá déficit para la BUAP (…) El 85% del presupuesto anual de la universidad se va en nómina. ¿Cuánto queda para proyectos de investigación y ampliación? Muy poco. Por eso debemos hacer esa reunión inmediatamente”, insistió.
Un fragmento en su intervención sirvió para romper el silencio que había ponderado sobre los Moreno Valle-Alonso Hidalgo.
“Andrés Manuel López Obrador me quería para un fin específico —dijo ante el auditorio colmado de silencio—: para venir a enfrentar al difunto, que en paz descanse, Rafael Moreno Valle. Y que lo haría sin vacilar, sin echarme para atrás, sin bajarle la mirada. Y así lo hice”.
Más tarde, al abordar el tema de los atracos a estudiantes en inmediaciones de los planteles de educación superior, Barbosa Huerta lanzó una propuesta que podría considerarse polémica para los férreos defensores de la autonomía universitaria: la instalación de módulos de la policía dentro de la universidad.
“No es para afectar su autonomía; es para garantizarles seguridad. La instalación de botones de emergencia que prevengan o alerten cuando estén ocurriendo estos hechos. Hay que meter mano para que esto no se siga descomponiendo”, dijo.
A su salida, abordado por los medios, Barbosa Huerta se estableció un plazo de 100 días para que en su gobierno se desvincule a las fuerzas de seguridad con las bandas criminales.