Sara Irene Herrerías dijo que, desde el 11 de abril, cuando el Tribunal Unitario de Circuito otorgó las órdenes de aprensión en contra de Adolfo Karam, Kamel Nacif y Mario Marín, se solicitó a la Interpol la emisión de alertas migratorias.

Por: Mario Galeana

El ex gobernador Mario Marín Torres cuenta con una red de protección que lo previene sobre los operativos que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza para lograr su aprehensión por el presunto delito de tortura que cometió hace 13 años en contra de la escritora y periodista Lydia Cacho.

Así lo reveló Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la FGR, en una misiva enviada a El Universal para ejercer su derecho de réplica.

En la carta, la funcionaria de la FGR aseguró que el 4 de junio de 2019 el domicilio del ex gobernador fue cateado por agentes, pero este operativo fue infructuoso, ya que “presuntamente existe una red que le alerta con anticipación para que se evada de la acción de la justicia en razón del puesto que ocupó”.

Uno de los implicados más importantes en el caso es el empresario Kamel Nacif Borge, quien viajó hacia el Líbano en marzo —un mes antes de que se ordenara su detención—, pero las autoridades ya han iniciado los trámites para solicitar su
extradición.

En la misiva, Herrerías Guerra relató que las casas de Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex jefe de la extinta Policía Judicial, y de Verónica N, una policía vinculada a la detención de la periodista, también han sido cateadas, pero sin éxito.

La Fiscalía trató de catear el domicilio de Karam Beltrán desde el 20 de mayo. Sin embargo, tres distintos jueces del Poder Judicial alegaron incompetencia o, incluso, pidieron a la FGR acreditar que el inmueble al que se pretendía ingresar era propiedad del ex titular de la Policía Judicial. Finalmente, el operativo pudo realizarse 10 días después.

En tanto, la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad dijo que, desde el 11 de abril, cuando el Tribunal Unitario de Circuito otorgó las órdenes de aprensión en contra de Karam Beltrán, Nacif Borge y Marín Torres, se solicitó a la Interpol la emisión de alertas migratorias para evitar que salieran del país.

La carta de la FGR se publicó días después de que Lydia Cacho acusara a la Fiscalía de no tener interés en conseguir la detención de Marín Torres por el episodio de tortura del que fue víctima en diciembre de 2005.

A través de Twitter, la periodista dijo que una fuente de la Agencia Investigación Criminal (AIC) le reveló que, a pesar de que las autoridades tenían ubicado al ex gobernador, se negaban a proceder a su aprehensión.

CAEN IMPLICADOS DE BAJO RANGO

En el caso contra Cacho Ribeiro, las autoridades sólo han aprendido a funcionarios menores. A finales de 2018, se detuvo a Miguel N y Alejandro N, dos de los policías judiciales que participaron como autores materiales en el delito de tortura.

El segundo se encuentra sometido a un proceso penal y está a la espera de que se dicte sentencia en su contra.

El 30 de abril, las autoridades aprendieron a Juan Sánchez Moreno, ex director de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla durante el gobierno de Marín Torres. Tres días después, un juez dictó auto de formal prisión en su contra, por lo que también se encuentra a la espera de que se dicte sentencia sobre su caso.

En marzo de 2018, un juez dictó seis años de prisión en contra de José Montaño Quiroz, ex policía judicial que también participó en la detención de Cacho.

Por este caso también se encuentra prófugo Jesús N, a quien la justicia busca desde diciembre de 2014 por haber detenido, asimismo, a la periodista.