Aunque el hecho se registró durante el gobierno estatal anterior, “le toca a la actual administración pronunciarse sobre la recomendación”, señala el organismo.
Por: Mario Galeana
La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitió una recomendación dirigida al secretario de Seguridad Pública estatal, Manuel Alonso García, por la muerte violenta de un preso en San Miguel que presuntamente habría sido golpeado por un grupo de reos.
El fallecimiento de Bernardo Álvarez García, de 42 años de edad, ocurrió el 11 de agosto de 2017, pero revela el estado del centro penitenciario de la capital, donde se sobrepone el hacinamiento y la falta de supervisión por parte de los custodios.
Las autoridades reportaron la muerte del preso por presuntos síntomas relacionados al síndrome de abstinencia por alcoholismo. Sin embargo, cuando fue trasladado a un centro hospitalario, los médicos hallaron que Álvarez García presentaba hemorragia y traumatismo craneoencefálico debido a golpes que no fueron reportados por los médicos del penal de San Miguel.
Bernardo había ingresado al centro de reclusión apenas dos días antes por el presunto delito de robo. De acuerdo con El Popular, que consignó su muerte en 2017, fue metido en una celda junto a otras 51 personas.
Allí, derivado de la presunta abstinencia reportada por las autoridades del penal, su estado de ánimo se habría tornado irascible, lo que supuestamente le causó problemas con otros de los internos.
La agresión en contra de Bernardo, según la versión consignada por el diario local, ocurrió más tarde, en un área de baños del reclusorio.
En la recomendación 03/2019, el organismo de derechos humanos no precisa en dónde y de qué forma habría sido agredido hasta la muerte, o bien, “que se hubiese autoinfligido las heridas que presentó al momento de su deceso”.
Sin embargo, precisa que la omisión por parte de los encargados de seguridad del penal posibilitó su muerte.
La CDH determinó que el fallecimiento del reo no puede ser jurídicamente atribuido a las autoridades penitenciarias, pero el hecho no exime de responsabilidad a las mismas, dado que son responsables de su integridad física.
En consecuencia, pidió que el órgano interno de control finque las sanciones correspondientes a los custodios que no velaron por su seguridad.
Además, pidió al encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, que determine sobre el ejercicio de la acción penal sobre los hechos con apariencia de delito que se derivan de la muerte del reo.
“A pesar de que los hechos fueron ejecutados por servidores públicos de la administración estatal pasada, en atención al principio de continuidad le toca a la actual administración pronunciarse sobre la recomendación”, concluyó el organismo.