La votación se llevará a cabo hasta mediados de septiembre, fecha cuando comience el tercer periodo ordinario de sesiones.

Por: Mario Galeana

La votación sobre la iniciativa que propone la reducción de penas impuestas a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación se aplazará, cuando menos, hasta mediados de septiembre.

Ayer, la Comisión de Igualdad de Género consideró que es procedente aprobar la propuesta que modificaría el Código Penal. Sin embargo, también pidió que se convoque a la realización de foros de consulta ciudadana para discutir la reforma.

Esta condición fue agregada por solicitud de tres de los cinco integrantes de la comisión, quienes votaron en abstención del dictamen hasta que se agregó la condición de realizar conversatorios entre organizaciones de la sociedad civil, médicos y legisladores que deliberen sobre la despenalización del aborto.

El segundo periodo ordinario de sesiones finalizará este 15 de julio, y el inicio del tercer periodo está programado hasta el 18 de septiembre.

El anuncio sobre la realización de los foros no fue bien recibido por parte de las organizaciones feministas que respaldan el proyecto de reforma promovido por la diputada Rocío García Olmedo.

La plataforma Aborto Legal Puebla, que reúne a este amasijo de asociaciones, adujo que estos eran violatorios de la Constitución Política, donde se establece que no podrán ser objeto de consulta popular los derechos humanos.

En cambio, el Frente Nacional por la Familia ya ha iniciado una estrategia de cabildeo entre los legisladores locales. Ayer mismo, sus integrantes se apersonaron durante la sesión de la Comisión de Igualdad de Género portando figurillas que simulaban ser fetos y, más tarde, se reunieron con la diputada María del Carmen Saavedra Fernández.

DAN SÍ A REFORMA… PERO CON FOROS

La Comisión de Igualdad de Género enviará a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia un documento donde declaran procedente la posibilidad de reducir las penas contra mujeres de seis años a seis meses prisión, o incluso 100 días de trabajo comunitario, sólo si realizan foros de consulta.

Los integrantes que se opusieron a aprobar el dictamen sin la realización de foros fueron la petista Guadalupe Muciño Muñoz, la ex panista María del Carmen Fernández Saavedra y el legislador Uruviel González Vieyra, de Compromiso Por Puebla, quien rechaza de manera abierta la despenalización del aborto.

Sólo García Olmedo, presidenta de la comisión, así como la morenista Vianey García Romero, habían votado a favor de que se declarara procedente sin necesidad de realizar foros de consulta.

Más tarde, la legisladora priista dijo que no se opone a que la Comisión de Procuración y Administración de Justicia —el único órgano legislativo que deliberará sobre la propuesta— realice modificaciones a la iniciativa.

“La discusión no es si se está a favor o en contra de la vida. El debate es no criminalizar a las mujeres. En esa virtud me parece que debiéramos centras las modificaciones, y bajo las modificaciones que deban hacerle”, dijo.

También previó que la realización de los foros de consulta retrase la discusión y votación de la reforma hasta el siguiente periodo ordinario.

“Creo que se debe convocar a todas las organizaciones que quieran tener voz sobre este tema. A todas se les debe convocar. Como la que dictaminará es la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, voy a preguntarle a la presidenta cuál será la metodología para la organización de algún foro”, concluyó.

Junto a la de Igualdad de Género, las comisiones de la Salud, Derechos Humanos y de la Familia y Derechos de la Niñez darán su opinión para que el órgano de Procuración y Administración de Justicia delibere sobre la propuesta.

ABORTO, UN DERECHO HUMANO: POSTURA

En el documento aprobado, la Comisión de Igualdad de Género considera que el aborto es un asunto de derechos humanos, puesto que su criminalización “materializa la idea de que la maternidad es una obligación de las mujeres”.

Cita las acciones de inconstitucionalidad 146/2017, en que la Corte determinó que obligar a la culminación de un embarazo por la vía penal restringe el derecho a la igualdad y la no criminalización, el derecho a la salud y a una vida libre de violencia.

También incluye una solicitud de información donde se señala que desde 2009 hasta enero de 2019 se dictaron 11 sentencias condenatorias por el delito de aborto, aunque la información no precisa si se trató de la interrupción forzada del embarazo, o por propia voluntad de la mujer.

El Departamento de Control y Evaluación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) detalló que en ese plazo ha habido 23 procesos radicados y ninguna sentencia absolutoria.

“Lo anterior nos remite a visibilizar que la penalización del aborto ha sido ineficaz para proteger la vida en gestación, por lo que la sanción carece de vigencia real. La penalización no solamente no ha impedido o contribuido a disminuir la práctica del aborto, sino que su prohibición sólo produce el efecto de dañar a las mujeres que se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos en condiciones sanitarias inadecuadas”, recalca el documento.