A ocho meses y medio de rendir protesta Claudia Rivera como alcaldesa, los amagos de la cancelación a la empresa Concesiones Integrales fueron detenidos.
Por: Osvaldo Valencia
Desde la campaña para la presidencia municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco llevó como propuesta de gobierno la remunicipalización de los servicios públicos empezando por el del agua.
A ocho meses y medio de rendir protesta, los amagos de la cancelación a la empresa Concesiones Integrales fueron frenados por una simple cuestión que no midieron –y que el gobierno estatal aclaró–: el costo financiero para el municipio y el estado.
Tras ganar la elección de 2018 a la alcaldía capitalina, en su acto de toma de protesta a mediados de octubre, Rivera Vivanco aseguró que las prioridades de su administración serían la recuperación de espacios públicos de la ciudad, garantizar el derecho humano al agua y la remunicipalización de los servicios como el Sistema Operador del Servicio del Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla (Soapap).
Después de ello, la munícipe anunció el 1 de noviembre que el Ayuntamiento había realizado la petición formal del contrato de concesión del servicio del agua a la empresa Concesiones Integrales para analizarlo.
A inicios de diciembre, la Comuna capitalina instaló la Comisión Transitoria del Agua, presidida por Rosa Márquez Cabrera, que como primer acto pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hiciera público el contrato signado a la empresa que opera el servicio de agua en Puebla.
Durante los trabajos de esta comisión, el director del Soapap, Gustavo Gaytán Alcaraz, dio el primer aviso del problema que venía para el Ayuntamiento a su cruzada para remunicipalizar el servicio.
PROBLEMA COMPLEJO
El Sistema Operador cuenta con un adeudo de alrededor de dos mil 800 millones de pesos por parte de clientes morosos, lo cual tendría que absorber la Comuna en caso de revocar la concesión, además de que no cuenta con la capacidad técnica para brindar el servicio del agua, lo que provocaría problemas en el municipio.
A mediados de marzo, el Cabildo aprobó la modificación a la composición del Consejo Directivo del Soapap para que sea el presidente municipal en turno quien lo presida. Con ello tendría más facultades administrativas, aunque la propuesta iría al Congreso local.
En mayo, la Comisión Transitoria argumentó que, por incumplimiento del contrato, el municipio podría retomar el servicio del agua sin pagar una indemnización a Concesiones Integrales, consigna que ha mantenido Rivera Vivanco al insistir que, por tener fallas en su servicio, la Comuna no está obligada a pagar a la empresa.
En junio se aprobó solicitar al Congreso local, la Auditoria Superior del Estado y de la Federación, así como a Conagua, realizar auditorías al contrato y servicio brindado por Agua de Puebla, con lo que se aseguró que el Ayuntamiento de Puebla dio el primer paso para la remunicipalización.
Sin embargo, el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, aclaró que la cancelación de la concesión es un tema del gobierno estatal que implica una carga financiera que el Ayuntamiento no puede erogar.
“El Soapap es de carácter estatal, se necesitan muchos compromisos financieros que el municipio no tiene, tampoco las condiciones para hacerlo. La alcaldesa quizá no tiene información completa”, apuntó Manzanilla Prieto callando las campanas al vuelo echadas por la gestión de Rivera Vivanco.