GIRE: En la entidad fincan “homicidio por parentesco” a mujeres que abortaron

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El Grupo de Información en Reproducción Elegida detalló en un informe que en algunos casos las féminas son denunciadas por personal del hospital donde son atendidas o incluso por sus propios familiares.

Por: Mario Galeana

Las mujeres en Puebla criminalizadas por la interrupción de su embarazo no sólo han sido acusadas por aborto, delito por el cual el gobierno del estado pretende ofrecer un indulto.

De 2007 a 2016, seis mujeres se encontraban en prisión definitiva acusadas de otras infracciones relacionadas al aborto, como homicidio en razón de parentesco, y una más se hallaba en prisión preventiva.

Estos casos fueron documentados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en su informe La criminalización del aborto en México, a través de solicitudes de información dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública.

“En México, las mujeres son también acusadas de delitos como infanticidio u homicidio calificado, ante situaciones de abortos o partos fortuitos. Las mujeres criminalizadas por estos delitos provienen de contextos similares a quienes son criminalizadas por el delito de aborto: situaciones económicas precarias, falta de acceso a servicios de salud, situaciones de violencia sexual, familiar e institucional”, explica el informe.

El homicidio en razón de parentesco posee penas más severas que el aborto, que se castiga con uno a seis años de prisión.

El artículo 337 del Código Penal establece penas por entre 20 y 50 años de prisión en contra de quien incurra en homicidio contra uno de sus parientes.

En días recientes, Natali Arias, integrante de la campaña Aborto Legal en Puebla y directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis) AC, alertó que en Puebla algunas mujeres han sido procesadas por homicidio en razón de parentesco, cuando lo ocurrido fue un aborto.

De ahí se explica la complejidad para estimar cuántas mujeres serán indultadas tras ser encarceladas por haber interrumpido su embarazo de manera voluntaria o accidental.

En La criminalización del aborto en México, el GIRE señaló que, en algunos casos, las mujeres son denunciadas por personal hospitalario o por sus propios familiares, “y siguen un proceso plagado de irregularidades, violaciones al debido proceso y sentencias permeadas por estereotipos de género”.

Uno de estos casos fue, por ejemplo, el de Laura. En 2011, fue criminalizada tras haber tenido un aborto espontáneo en un centro hospitalario del estado, aunque el informe de la organización no señala cuál era.

A Laura las enfermeras y médicos del lugar la acusaron de haberse propiciado el aborto. Una doctora pasante y una enfermera tomaron los restos del cigoto y se los mostraron “para que no se le olvidara”, según el testimonio que Laura ofreció al GIRE.

A pesar del estado de salud en el que se encontraba, Laura fue obligada a dar su declaración ante un médico proveniente del Ministerio Público.

“Cuando la dieron de alta, cinco policías la trasladaron a la agencia del Ministerio Público, sin permitirle que leyera su orden de detención. Tenía cólicos y sangrado (…) La pusieron en un separo sin brindarle medicina para el dolor”, refiere el informe del GIRE.

El Ministerio Público le fincó una fianza de 100 mil pesos, que se redujo a 20 mil cuando la familia dijo que no podría pagar esa cantidad.