Plan B. Ante el panorama que se avizora para 2020, el gobierno estatal señaló que es necesario un reajuste en la reestructuración de la administración pública, así como mejorar la recaudación local

Por: Guadalupe Juárez

El gobierno del estado proyectó como riesgo para las finanzas de 2020 los altos pasivos de las pensiones del ISSSTEP, la deuda del Soapap, la disminución de creación de empleos de este año y la reducción de los ingresos por recaudación del ISN de 13.4% al cierre de 2019.

En el Presupuesto de Egresos 2020 que el titular del Ejecutivo estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta, presentó al Congreso local, explica que el sistema de pensiones del estado reportó un déficit de 121 mil 644 millones de pesos, por lo que la situación impactará al gobierno hasta 2021, razón por la cual anuncia que tendrá que hacer aportaciones extraordinarias.

De hecho, la directora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), Karen Berlanga Valdés, dio a conocer la semana pasada que al cierre de este año preparaban la entrega de 200 pensiones, pues había solicitudes pendientes desde hace cinco años.

Para hacerle frente a la situación —señala el documento— el gobierno estatal evalúa medidas adicionales que ayuden a contener los costos que ponen en peligro la seguridad económica de los actuales y futuros pensionados, por lo cual también impulsarán una nueva Ley de Pensiones del ISSSTEP.

En cuanto al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla (Soapap), la administración estatal señala que desde 2018 el gobierno aporta una mensualidad para cubrir pagos de capital e intereses que tiene el organismo con Banobras para evitar que se vean comprometidas las participaciones federales que se encuentran como garantía en caso de algún retraso.

Otro foco rojo es la falta de generación de empleos de enero a septiembre del año en curso, pues hubo una reducción de 39.95% en comparación con el mismo lapso de 2018, lo cual también impactaría en la recaudación del Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

En el documento que ya analiza la Comisión de Hacienda y Patrimonio del Congreso del estado, el gobierno encabezado por Barbosa Huerta también consideraba como riesgo financiero una reducción de 5.3% en los recursos federales que llegarían a la entidad, lo cual impactaría en infraestructura, desarrollo social, inversión y turismo.

También señalaban como riesgo en las finanzas la posibilidad de un desastre natural, sobre todo con las condiciones de “vulnerabilidad existentes en la entidad”, por lo que continuarán con la contratación del seguro contra desastres naturales —que protege infraestructura estatal y municipal—, el seguro agropecuario catastrófico —que protege 791 mil hectáreas de cultivos— y el Fideicomiso Estatal contra Desastres Naturales.

Por lo anterior, indicó que es necesaria la reestructuración de la administración pública y revisar la duplicidad de funciones al interior de las dependencias estatales que permita hacer más eficaces y eficientes los procesos asociados a la prestación de bienes y servicios públicos, así como mejorar la recaudación local.