Por: Redacción

Por mayoría de votos, integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal aprobaron el dictamen para reformar y adicionar el Código Fiscal del Estado, con la finalidad de ampliar las facilidades administrativas y tecnológicas para que el contribuyente cumpla en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, autorizando la presentación de avisos a través de medios electrónicos.

Asimismo, el dictamen propone adicionar de manera expresa la infracción por no realizar la actualización de documentos que permitan el tránsito de vehículos, entre los que se encuentran la tarjeta de circulación, los permisos provisionales para circular sin placas o la calcomanía de identificación vehicular con la finalidad de mantener actualizado el registro estatal vehicular, lo que se traduce en un tema de seguridad pública para los poblanos.

También se establece que para quien no cumpla con las disposiciones anteriores se propone una sanción de 515 pesos a ocho mil 295 pesos, tomando en cuenta que por mandato constitucional siempre se aplicará al monto inferior.

Durante la sesión también se dio a conocer que se adiciona la Unidad de Inteligencia Patrimonial, que nace del convenio de coordinación en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Publica, para que que apoye las investigaciones de posibles hechos ilícitos en materia de fiscalización.

En el análisis y discusión del dictamen, el diputado Nibardo Hernández Sánchez adelantó su voto a favor de las reformas a diversas disposiciones del Código Fiscal, ya que consideró que se trata de definir la multa de la tarjeta de circulación y no de un impuesto.

En tanto, Gabriel Biestro Medinilla subrayó la importancia de contar con un parque vehicular en regla que permita coadyuvar en las acciones de seguridad. Aclaró que solo se amplía el máximo de la multa más no el impuesto por el pago de la tarjeta de circulación.

En este sentido, la congresista Olga Lucía Romero Garci-Crespo consideró que las propuestas del Ejecutivo del estado buscan fortalecer los mecanismos de fiscalización y garantizar que todo el recurso público y privado sea correctamente ejercido.