En la mira. El mandatario estatal ha hecho énfasis en que la empresa no ha cumplido respecto a la prestación del servicio y precisó que aunque lo consiga no podría dar abasto en la zona metropolitana.
Por: Guadalupe Juárez
El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo que no piensan en la revocación de la concesión del servicio a Agua de Puebla en una primera etapa, e insistió en que aún deben hacer un análisis profundo de la situación.
En entrevista, el mandatario estatal adelantó que una de las primeras acciones para mejorar la prestación del servicio se tiene que dar desde el Legislativo. No obstante, indicó que el estudio lo llevarán a cabo todos los “actores políticos” de la entidad.
“Es todo un análisis, y sí tiene que ver con acciones legislativas, pero no necesariamente empezamos por la revocación de la concesión, pero sí son acciones legislativas”, declaró.
Días antes, Barbosa Huerta concluyó durante la inauguración de un taller sobre residuos cero que la empresa Agua de Puebla no ha cumplido con sus obligaciones en cuanto a la prestación del servicio, pero aunque lo consiga —admitió— no podría dar abasto con el suministro de agua potable en la zona metropolitana.
“Agua de Puebla no cumple con sus compromisos de la concesión, legal o ilegal la concesión, si pasó o no pasó por el Congreso, no cumple. Aun cuando cumpliera, no abarcaría ni toda la ciudad, ni todo el municipio, ni toda la zona conurbada”, acusó.
Una de las promesas de campaña del mandatario estatal consistía en la revocación de la concesión; sin embargo, al convertirse en gobernador reconoció que quitársela a la empresa era un pleito que podría llegar a tribunales internacionales, pues las administraciones anteriores habían comprometido al estado de “una manera terrible”.
El 13 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opinó que tanto el gobierno del estado como la Legislatura local eran las instancias responsables de revertir la privatización del servicio, pues desde la Federación no iban a promover alguna acción legislativa para hacerlo.
Quince días después, las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso local aprobaron reformas a la Ley del Agua del Estado que evitaría que a usuarios por falta de pago les cortaran el servicio de suministro del líquido y el drenaje, así como la facultad del uso de la fuerza pública a la empresa para realizar los cortes.