Los hijos de las mujeres asesinadas: las otras víctimas de la violencia feminicida

PRIMERA DE DOS PARTES

Por: Guadalupe Juárez

En los últimos seis años, en Puebla se han registrado 491 probables feminicidios en reportes hemerográficos, pero en 126 casos la prensa no supo de la identidad de la mujer asesinada. Por cada 10 mujeres asesinadas de las que se tuvo conocimiento de quiénes eran, dos eran madres de al menos un menor de edad que quedó en la orfandad y en el desamparo, porque –por ahora– no es posible saber qué pasó con él, dónde está y con quién.

La posibilidad de ser apoyado o reconocido por las instituciones como víctima indirecta se desvanece, pues en el estado no hay certeza siquiera del conteo oficial de las muertes por razón de género. 

Al igual que a nivel nacional, en la entidad tampoco hay claridad de cuántos menores quedaron en la orfandad por feminicidio o por homicidio doloso, que no fue considerado asesinato por razón de género. 

Sólo con reportes hemerográficos se puede obtener una cifra aproximada de los huérfanos por esta situación. Entre un cúmulo de notas en la sección policiaca es posible contabilizar que son 126 –31 mujeres, 49 hombres y 46 de los que no se conoce su sexo–, 41 de ellos vieron cómo mataron a su madre, 33 tenían menos de cinco años de edad cuando ocurrió el asesinato. 

Cuarenta y un pequeños perdieron todavía más. No sólo mataron a su mamá, sino que el asesino fue su padre, quien terminó por huir, se encuentra preso o decidió suicidarse. 

Sólo en cuatro casos, los hijos de las mujeres asesinadas eran mayores de edad (18, 20, 24, 25 años), sin embargo, tenían hermanos más pequeños que quedaron vulnerables. 

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CIFRAS, EN DUDA

La sospecha de que el registro oficial de feminicidios ocurridos a partir de 2013 –año en el que se tipificó el homicidio contra una mujer por ser mujer como delito en el estado–  a octubre de 2019 es impreciso, ha llevado a organizaciones civiles a realizar su propio conteo basado en información hemerográfica.  

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2015 a octubre de 2019, la FGE reportó 120 víctimas por feminicidio. Mientras que durante 2013 y 2014, ante medios de comunicación, reconoció en su momento 20 casos. 

El Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) hizo un conteo paralelo con base en la información de reportes periodísticos de los probables  feminicidios. En ese reporte que actualizan cada mes consideran que hasta septiembre del año pasado hubo 344 casos más de la cifra oficial que debieron investigarse como tal. 

Un feminicidio en Puebla es considerado así, según el Código Penal cuando por razones de género se priva de la vida a una mujer, ya sea por odio a las mujeres, celos extremos, si existen lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, violencia sexual, tratos crueles o inhumanos, antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar, además de si existió una relación sentimental, afectiva o de confianza con su agresor.

Con base en el criterio de la organización civil Odesyr de lo que podría considerarse un asesinato por razón de género, esta casa editorial hizo una revisión de cuántas de esas mujeres asesinadas eran madres y, así, tener un panorama aproximado de cuántos menores de edad quedaron en la orfandad. 

En los reportes de medios de comunicación se encontró que sólo en 21 de los 63 casos de las mujeres asesinadas que tenían hijos el responsable fue detenido. En cinco, los asesinos se suicidaron, dos de ellos cuando ya estaban presos en el reclusorio y tres antes de ser aprehendidos por feminicidio. 

Tres de los agresores al quitarse la vida por asesinar a su esposa, también dejaron huérfanos de padre a sus hijos.

La mayoría de los asesinatos por razón de género de madres de menores de edad se registraron en la capital del estado; el resto en 31 municipios más, de los cuales en 20 se mantiene activo el protocolo de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres, emitido en 50 municipios del estado en abril de 2019.  

SIN JUSTICIA NI RECONOCIMIENTO

La justicia ha sido muy lenta. El 95% de los probables feminicidios que dejaron en la orfandad en la entidad a menores siguen impunes.  Es decir, si no hay un sentenciado por el asesinato de sus madres, tampoco hay una reparación del daño con alguna compensación económica o atención especial, menos si no son reconocidos como feminicidios.  Los sueños que les fueron rotos permanecen así por más tiempo, rotos. 

De 2013 a octubre de 2019, sólo hay reporte de tres sentencias a los responsables en la entidad. Uno de los sentenciados fue condenado cuatro años después de haber asesinado a su esposa y a la madre de sus tres hijos. ¿La pena? 31 años y tres meses de prisión.  

En otro de los casos la sentencia fue de 33 años de prisión y tres meses y una “multa” de 750 días de “salario mínimo” a un hombre que asesinó a su novia, quien tenía un hijo de apenas cinco años de edad. 

La tercera condena fue de 40 años de prisión, dictada a uno de los cómplices de un multihomicidio. Entre las víctimas se encuentra una mujer que dejó a un menor de ocho años en la orfandad, y cuyo caso fue considerado por organizaciones civiles como feminicidio, pues uno de los agresores principales fue su violador años atrás, la embarazó y nueve años después la mató junto a otros miembros de su familia.

Los menores que quedan en la orfandad tras el asesinato llegan a quedarse con sus familiares más cercanos, las abuelas y abuelos, los tíos o hermanos mayores. Pero, también, hay quienes se ven obligados a vivir con la familia del feminicida, relegando a otros parientes –sobre todo a los  maternos– y sin recibir atención o apoyo después de haber perdido a su madre de una forma violenta. Esto pone sobre la mesa qué  criterios deben de tener los jueces familiares que, por ahora, no toman en cuenta esta condición para decidir quién puede hacerse cargo de los pequeños. 

María Salguero, una activista que creó el Mapa Nacional de los feminicidios en México –basado en notas periodísticas–,  identificó 444 mujeres que dejaron a 636 menores en orfandad tras ser asesinadas por razón de género, de 2016 a octubre del año pasado en todo el país. 

“Y eso sólo es una muestra representativa. No sabemos en manos de quién están, si van a la escuela, si están siendo atendidos”, dice a 24 Horas Puebla

LA PIEDRA EN EL ZAPATO DE LA FGE

La falta de pericia en la investigación para acreditar los feminicidios por parte de la FGE complica aún más que se tenga un registro local de aquellos niños, niñas y adolescentes en orfandad por dicho delito, pues no agregan esta información al integrar las carpetas de investigación, denuncia Margarita Castro Santamaría, asesora jurídica  de Cihuautla, una organización civil que se ha dedicado a dar acompañamiento legal a algunas de las víctimas. 

 “El Estado se ha limitado a aclarar hasta públicamente qué asunto sí es un feminicidio, qué asunto no es un feminicidio, y dentro de ese discurso político y el cuidar la imagen de seguridad del estado y de la incidencia delictiva, descuidan de una manera muy irresponsable a las niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas como huérfanos de feminicidio”, señala. 

Según el Protocolo de Investigación de Feminicidio para el Estado de Puebla, entre los datos a recabar en se encuentran los perfiles genéticos del ADN de sus familiares, ascendentes y descendentes de la víctima, lo que significa que sí habría datos de los menores en orfandad de recolectarse esta información. 

El agente del Ministerio Público o el fiscal investigador –de acuerdo con el  documento– también tiene que valorar si se debe emitir una medida de protección a la víctima indirecta en caso de que esté en riesgo su vida, integridad física o patrimonial, sobre todo si presenciaron el asesinato.  

Sin embargo, para la especialista esa base de datos no se lleva a cabo porque estas víctimas indirectas sólo son visibles cuando por iniciativa de un abogado u otro familiar se acerca al Ministerio Público para indicarles que la mujer asesinada tenía hijos. 

La FGE –explica– se concentra más en acreditar el delito como feminicidio, al ser una de las piedras en el zapato en su trabajo y donde ha fracasado en identificar a estos niños y en garantizarles que, con la investigación de ese entorno, accedan a la reparación integral del daño. 

 “Ante este descuido del ministerio público de no integrarlos en las carpetas de investigación, son víctimas que difícilmente van a acceder a una reparación del daño conforme a derecho (…) Si no son integradas y se sentencia el asunto, únicamente, declarando la existencia del delito, quién lo cometió, la responsabilidad y la sanción, y no se hace especial mención respecto a quiénes tienen que ser reparados y de qué manera, entonces se les vulnera sus derechos humanos y obviamente los derechos de la infancia, que están protegidos por convenciones internacionales”, agrega. 

El Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) prepara un censo basado en la información de las 32 fiscalías y procuradurías del país –incluida la poblana– con el que buscan contar con un panorama de la problemática del país, pero sólo de los casos registrados en 2019. 

LA LEY DICE…

Que no exista una base de datos sobre los hijos de las mujeres que fueron asesinadas por ser mujeres en el estado y en el país donde se indique quiénes son, dónde están y con quién, los vuelve invisibles ante los ojos de las instituciones, aunque haya leyes que los “protejan” e incluso que ya en el papel se establezca que los contabilicen. 

A nivel nacional, la Ley General de Víctimas contempla como víctimas indirectas a “aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tenga una relación directa con ella”, misma definición que se replicó en la legislación local. 

En medio de los señalamientos por la inexistencia de esta base de datos, mientras se siguen registrando asesinatos en el país, el 4 de noviembre del año pasado, el senador Ricardo Monreal expuso ante la Cámara alta la necesidad de incluir en la legislación nacional la creación de un registro nacional de menores de edad en orfandad como resultado de feminicidios u homicidios dolosos, ya que en la actualidad, al no cuantificarlos, no se les garantiza en plenitud sus derechos. 

En Puebla, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta planteó en una nueva Ley de Víctimas del Estado–aprobada en octubre pasado por el Congreso local– que se brinde a los hijos de las mujeres víctimas de feminicidio u homicidio servicios integrales de atención temprana, además de brindarles servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados, educación gratuita y alimentación.

Pero no se especifica que los menores en orfandad sean parte del registro estatal de víctimas que ordena. Y a la fecha, tampoco, opera la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, pues su creación se consideró apenas en octubre de 2019 y fue omitida en reformas locales anteriores.

¿QUIÉNES DEBEN ATENDER A LOS MENORES EN ORFANDAD? 

A pesar de las leyes existentes que establecen atender a los menores como víctimas indirectas, Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) considera que es necesario detallar a qué instancia se le debe de exigir la atención por parte del Estado.

“Que sepan que tienen el derecho de manera expresa a ser contabilizados de entrada, quiénes les deberían de brindar la atención básica como es la atención médica y psicoemocional ante un hecho violento como el feminicidio”, agrega en entrevista.  

Para ella, las víctimas tendrían que contabilizarse de “manera oficiosa” en las comisiones estatales y luego esos datos concentrarlos en Comisión nacional,  para  que la información pueda ser documentada, se tenga un panorama de los casos y de esta forma atender la problemática. Pero esto en Puebla, parece lejano.