DEFICIENCIAS. En el caso específico de víctimas de feminicidio existe falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar el acceso a la reparación del daño a hijos y familiares de mujeres asesinadas.
En los últimos años, el combate a la violencia en Puebla ha sido insuficiente y “se ha quedado en el papel” ante los vacíos operativos en materia de perspectiva de género en los programas de atención a afectados por delitos, y, en específico, por la inexistencia de padrones de familiares de víctimas de feminicidio, sostuvo Mariel Guzmán Cortés, coordinadora del programa de Igualdad y Justicia del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).
Asimismo, señaló falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar el acceso a la reparación del daño a hijos y, en general, a familiares de mujeres asesinadas, no sólo en zonas urbanas, sino también al interior de la entidad, así como a la reducida participación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Sistema Estatal DIF en el seguimiento a las condiciones de vida de los infantes cuyas madres fueron asesinadas.
“La Fiscalía tendría que tener un presupuesto propio, y un fondo, porque cómo costeas la atención psicológica, médica, y de becas para asegurar que los menores sigan con estudios. También debería haber una coordinación real con el DIF y las secretarías de atención a las mujeres”, sostuvo.
Agregó que uno de los problemas en el proceso de cumplimiento de las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), entre ellas, el acceso a la justicia y resarcimiento del daño a los familiares de víctimas de feminicidio, ha sido la centralización de las acciones, pues no son las mismas en la capital poblana que en comunidades sin Ministerio Público ni acceso a la información.
“No hay que perder de la vista que las medidas de la AVGM parecían indicadores, que no basta con palomearlas como si fueran parte de un checklist; hay que asegurar que realmente las víctimas y la población sean beneficiadas de alguna manera, es decir, cómo operas algo tan complejo al interior del estado, en donde las autoridades deberían contar con profesionalización, capacitación y brindar información a los afectados”, concluyó.