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Alerta. La directora del colectivo, Claudia Martínez, reveló que habían intentado convencer a Miguel N para que accediera a la construcción de una obra sanitaria en la región de Huejotzingo.
Desde septiembre de 2018, Miguel N —recluido en el penal de San Miguel— y un líder comunitario más de la localidad de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla, recibió advertencias para ser detenido si no accedía —junto al resto de activistas de la región— a cesar en la resistencia a las obras de conexión de una red de aguas industriales al río Metlapanapa.
Claudia Martínez Sánchez, directora en Puebla del Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos (Conapa), relató que estos amagos se consumaron el 24 de enero de 2020.
La acción fue arbitraria —dijo Martínez Sánchez— pues desde hace un año y tres meses un funcionario —de nombre Miguel y adscrito a la ahora Secretaría de Gobernación (Segob) estatal— habría intentado, a través de la Conapa, convencer a Miguel para negociar la aprobación a la obra sanitaria en la región de Huejotzingo.
De acuerdo con el colectivo, las órdenes de aprehensión fueron reconocidas en una reunión que tuvieron activistas medioambientales con el referido funcionario en Huaquechula, en donde además de abordarse el tema de la extracción ilegal de mármol de un cerro de ese municipio, por lo que se mostró preocupación por al menos 20 amenazas a habitantes de Juan C. Bonilla ante la defensa del río de su comunidad.
“Yo estuve en una mesa de trabajo emergente, donde se congregaron tres ambientalistas con el señor Miguel Cruz, que es el secretario técnico de la Secretaría de Gobernación, quien se comprometió a anular las órdenes de arresto, él dijo que los iba a apoyar (a los habitantes de Zacatepec) pero siempre y cuando ellos negociaran, refiriéndose, yo no entendí, hasta apenas que fue la orden de arresto, que él se refería a que hubiera un arreglo o una negociación para favorecer a las empresas”, explicó en entrevista Claudia Martínez.
Acusó una persecución hacia Miguel, ya que aunado a las supuestas órdenes de aprehensión, el activista había recibido amenazas en tres ocasiones, una de ellas “muy fuerte” por parte de un empresario encargado de las obras aledañas al río Metlapanapa.
Por lo anterior Martínez Sánchez demandó a las autoridades la pronta liberación del líder social acusado de la probable comisión de los delitos de obstrucción a obra pública, daños a las vías de comunicación y uso de explosivos en octubre de 2019, según lo señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual no ha precisado la fecha de definición del proceso penal que enfrenta el activista.