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La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobó nuevamente la reforma al Código Penal para aplicar hasta 10 años de cárcel a los choferes de taxis y también grúas piratas que operen sin contar con la concesión o permiso de la autoridad, como una medida de seguridad para el usuario.
Por segunda ocasión, dicha Comisión avaló por mayoría de votos la propuesta del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para sancionar a quienes presenten el servicio público de transporte, mercantil, auxiliar de arrastre, arrastre y salvamento sin contar con la concesión o permiso de la autoridad.
En la sesión ordinaria del pasado miércoles 4 de marzo, por mayoría de votos se regresó esta reforma al artículo 190 del Código Penal bajo el argumento de no existir una justificación para incluir a las grúas en estas penas.
En el nuevo dictamen se añadió que la situación actual de inseguridad obliga a tomar medidas para evitar poner en riesgo a la ciudadanía, además de separar en dos fracciones los servicios de transporte y el de depósito de vehículos (grúas) para exponer las razones por las que se debía incluir también.