Sin duda, la mayor parte de los poblanos nos entusiasmamos con las marchas que miles de estudiantes poblanos realizaron la semana pasada por las calles de Puebla en reclamo de más y mejor seguridad, algo loable y por demás significativo.
El movimiento logró la unión de las principales casas de estudio en el estado, sólo faltaron el Tec de Monterrey y la Universidad Anáhuac, y estas dos instituciones sabrán el por qué su falta de solidaridad ante una causa más que justa.
El tema se hizo más grande e implicó la caída del secretario de Seguridad Pública estatal, el Vicealmirante Miguel Idelfonso Amézaga, quien también, hay que decir, sacó sus cosas de la que fue su oficina desde el pasado viernes 21 de febrero, luego de que sus dos principales mandos fueran cambiados por orden del gobernador Miguel Barbosa. Es decir, mucho antes de la muerte de los tres universitarios y el conductor de Uber.
El movimiento estudiantil derivó también en la llegada de un nuevo secretario de Seguridad, cuyo adelanto se disputaron, el pasado viernes, todas las plumas del barbosismo, el chipaneco Raciel López Salazar, recomendación directa del asesor en materia de seguridad del gobernador, Ardelio Vargas Fosado.
La venganza de Javier López Zavala, a quien se le rechazó por ser de origen chiapaneco, está en marcha, ya que dos de las principales carteras dentro de la administración pública las ocupan personajes nacidos en este estado del sureste de México: Yassir Vázquez, en la SCT, y ahora Raciel López al frente de Seguridad Pública de Puebla y con mucha influencia también en la entidad de otro chipaneco, Zoé Robledo.
Pero de regreso al punto central, se podría decir que los estudiantes ya consiguieron una parte de sus propósitos. Este lunes marcharon de nueva cuenta y fueron miles los que se manifestaron en la calles de Puebla, nuevamente de manera legítima.
También consiguieron que la Facultad de Medicina de la UNAM se sumara al movimiento poblano y marchará en próximos días hacia Bellas Artes, con lo cual la primavera poblana alcanza su esplendor, pero la gran pregunta es ¿Y después de esto qué? ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde van a llegar?
Sin duda las movilizaciones cuentan con toda la simpatía de la población, amén de que se han realizado de una forma totalmente ordenada y pacífica, lo cual sin duda, reitero, es loable, pero ¿hasta dónde van a llegar?
El domingo, el rector de la máxima casa de estudios de Puebla, la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, emitió un comunicado dirigido al movimiento estudiantil universitario para recordarles de la manera más respetuosa que esta lucha tiene como principal objetivo lograr justicia para las familias de las cuatro personas asesinadas en Santa Ana Xalmimilulco y que haya una mejora para todos los ciudadanos en materia de seguridad en la entidad.
Y es que luego del “romanticismo” generado por la salida de miles de estudiantes a las calles de Puebla, cabe también preguntarse ¿hasta dónde va a llegar esto y cuándo va a concluir?
La 4T poblana ha reaccionado de muy diversas formas ante el movimiento estudiantil poblano. El gobernador Miguel Barbosa escuchó a los jóvenes y entregó la cabeza de su secretario de Seguridad estatal, a quien, dicho sea de paso, también le urgía irse; el resto de las administraciones municipales sigue como si nada hubiera pasado, insensibles ante actos tan dolosos que lograron emerger la conciencia colectiva de los tan criticados millennials.
Perdón por lo reiterativo, pero y ¿ahora qué sigue? La simpatía con la que cuenta el movimiento y el gusto que le dio a toda la gente sentirse de nueva cuenta protegida por la masa estudiantil universitaria ¿a dónde se dirige?
Estas preguntas y sus respuestas sin duda van a marcar el rumbo de Puebla, la cual se encuentra más que convulsionada y no ha encontrado la paz perdida desde 2006, cuando detonó el escándalo político conocido como el Lydiagate, el cual cambió para siempre la situación política y social de la entidad.
Puebla se juega su futuro en este 2020, el año de la reconciliación total o el inicio de un nuevo infierno marcado por la inestabilidad social que distinguió al estado en los años 80.