Después de más de cuatro horas de discusión, con 32 votos a favor, ocho en contra y una abstención, los diputados del Congreso local aprobaron en lo general el dictamen de la nueva Ley de Educación del Estado, la cual pide la rendición de cuentas y de vigilancia para impedir abusos en el cobro de cuotas y garantizar que se cumplan con las normas de orden público.
La iniciativa es impulsada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, la cual indica que la Secretaría de Educación Pública (SEP) local será la encargada de hacer valer las nuevas disposiciones.
En el artículo 117 de la nueva ley indica que la SEP local y la autoridad educativa federal tendrán la responsabilidad de promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria.
Mientras que en el artículo 146 establece que las personas usuarias de los servicios prestados por particulares podrán solicitar a las autoridades educativas la realización de acciones de vigilancia, con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones.
En caso de violar algún artículo, la iniciativa incluye como sanciones para los infractores multas de hasta 15 mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, que equivaldría a un millón 303 mil 200 pesos.

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