En Puebla, 406 internos de los diferentes penales podrían alcanzar una preliberación, informó el Secretario de Gobernación, David Méndez Márquez.
En conferencia virtual, el funcionario estatal especificó que en total hay tres mil 636 internos con sentencia, por lo que hicieron un análisis minucioso de quiénes pueden aplicar para el beneficio.
“De acuerdo con lo que es la identidad de este gobierno en relación a estar totalmente apegado a los derechos humanos, a ser un gobierno totalmente sensible y también siempre en apoyo a los distintos grupos vulnerables, sea cual sea su situación, desde hace unas semanas con la instalación del Consejo Consultivo del Indulto se ha estado llevando a cabo un análisis a detalle respecto a cuáles son las posibilidades para que los presos con sentencia puedan ser sujetos a algún beneficio de preliberación”, señaló.
José Luciano Osorio Couttolenc, subsecretario jurídico, detalló que de los 406 reos que podrían obtener su liberación, 94% son hombres y 6% mujeres.
Desglosó que del total, 268 son indígenas, 65 adultos mayores y 73 personas enfermas.
“Todas estas personas serán evaluadas conforme lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal para que se haga el análisis de riesgo correspondiente y se proponga ante los jueces de ejecución su preliberación”, detalló.
Méndez Márquez especificó que están analizando el caso de cinco mujeres, las cuales fueron sentenciadas por el delito de homicidio en razón de parentesco, es decir, que sus hijos fallecieron después de que los abandonaron o los mataron.
Además, recalcó que no todos los casos que consideran viables obtendrán su libertad automática, pues deben seguir el procedimiento legal.
A su vez, Raúl González Schiaffini , director General de Ejecución de Medidas y Sanciones, especificó que la gente que cometió secuestro, trata de persona y delincuencia organizada, no podrá obtener su libertad anticipada.
Mientras, Patricia Olarte Córdoba, directora General de Defensoría Pública, explicó que para que puedan pedir a los jueces la liberación, las personas deben ser adultos mayores, tener una enfermedad grave o haber cumplido al menos 50% de su pena para obtener la libertad condicionada y 70% para libertad anticipada.