Tres jinetes del apocalipsis amenazan la suerte del país y el desempeño de la Cuarta Transformación: la contracción económica, la pandemia del COVID-19 y la inseguridad.
El último de ellos se ha instalado por ahora en la retaguardia de la discusión pública, pero no por ello resulta menos escalofriante.
El pasado 1 de mayo se cumplió la mitad del plazo que el presidente Andrés Manuel pidió a los gobernados para poner un freno a la violencia.
“Yo espero que, en cuando mucho un año más, ya estén establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de México”, dijo el mandatario en su conferencia matutina del 1 de noviembre pasado, día en que cumplió once meses en el cargo.
“Nada más eso pido, un año más para que esto cambie por completo”.
Acababa de pasar el llamado culiacanazo, en el que fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, a quien tuvieron que liberar después de que sicarios del Cártel del Pacífico tomaron las calles de la capital sinaloense, armados como para ir a la guerra.
“Nosotros mantenemos invariable nuestra postura acerca de que actuamos bien, de que se evitó la pérdida de vidas humanas y de que este hecho marca un antes y un después en la política de seguridad”, justificó el Presidente al hacer un balance de los sucesos del 17 de octubre.
“Ya no es la guerra, ya no es el uso de la fuerza, la confrontación, el aniquilar, el exterminio, el ‘mátalos en caliente’; ya es el pensar en salvar vidas y en lograr la paz y la tranquilidad en el país con otros métodos”.
Sin embargo, un semestre después, la paz no aparece por ningún lado. Al contrario. El primer año completo del gobierno lopezobradorista terminó con 35 mil 588 homicidios, un récord para el país.
Sólo para dimensionar, en la guerra civil de Siria hubo la tercera parte de esas bajas en 2019 –11 mil 244–, de acuerdo con datos de la Red Siria de Derechos Humanos. Brasil, el país más violento de América Latina por número de homicidios, tuvo 41 mil 635 en el año, la cifra más baja desde 2007 y sólo seis mil más que México, un país con la mitad de sus habitantes.
Las cosas no han mejorado en 2020. En enero hubo dos mil 892 homicidios; en febrero, dos mil 858, y en marzo, tres mil 78, el mes más violento en lo que va del periodo presidencial. A reserva de esperar los datos finales de abril –que suelen revisarse al alza–, se puede decir que la tendencia homicida se mantuvo.
De acuerdo con datos oficiales, reportados a la Comisión Nacional de Seguridad por las fiscalías estatales, la cifra diaria más baja de asesinatos en lo que va de 2020 ha sido de 54 a nivel nacional, y en siete ocasiones ha rebasado el centenar. La jornada más violenta ha sido la del 20 de abril con 114.
El confinamiento por la pandemia no ha representado una ralentización de la actividad criminal, particularmente los enfrentamientos entre grupos delincuenciales, que parecen estar aprovechando el desconcierto causado por la irrupción del coronavirus para ganar territorio y conquistar el favor de la población.
Se han vuelto comunes las escenas de hombres fuertemente armados que distribuyen despensas entre gente de escasos recursos a nombre de algún jefe criminal, mismas que suben a las redes sociales, frecuentemente con una variedad de tomas y aceptable producción gráfica.
Ocupados en labores de migración y, ahora, al cuidado de centros hospitalarios, los elementos de la Guardia Nacional han cedido espacio a los delincuentes. Y, por si fuera poco, la imagen de la corporación creada por el lopezobradorismo para aplacar la violencia se llevó un duro revés con la reciente difusión de un video en el que dos de sus elementos buscan extorsionar a un narcotraficante.
Al gobierno le quedan seis meses para cumplir con la promesa presidencial de apaciguar al país. El tiempo corre. Tendrá el reto de hacerlo en medio de los efectos de la pandemia y la recesión económica.