Sin el consentimiento de los habitantes de Huehuetla, el alcalde Rafael Lara Martínez inició la última semana de mayo la construcción de un andador en los terrenos de la parroquia de San Salvador Huehuetla, por lo que el 15 de julio un grupo de representantes de esta comunidad de origen totonaco asistió a la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal para solicitar la suspensión la obra.
En ese sentido, Pablo Ramírez Pérez, secretario de la Organización Independiente Totonaca (OIT), a través de un comunicado fechado el 19 de julio, dio a conocer la postura de los integrantes de la Pastoral Parroquial, el Consejo de Ancianos y la OIT, así como una serie de aclaraciones e inconsistencias relacionadas con este proyecto municipal.
Al respecto, indicaron que el espacio donde se pretende construir el andador es una superficie ocupada como “barrera de tierra” para evitar que la barda construida en la propiedad de la parroquia se derrumbara.
Asimismo, consideraron que ese proyecto presenta una serie de inconsistencias, ya que no se entregó por escrito a la parroquia el proyecto del andador en el que se especifique tiempo de construcción, permiso de uso de suelo, acciones para prever riesgos y otras especificaciones para una obra pública.
Destacaron también que el Ayuntamiento no ha convocado a una reunión en la que se les muestre la información; por el contrario, los integrantes de la Pastoral Parroquial propiciaron espacios de reunión para expresar su inconformidad.
En ese sentido, destacó que entregaron documentos al edil Lara Martínez en los que expresan su negativa al proyecto, ya que destacan que deja vulnerable la barda que protege la propiedad, por lo que en esta temporada de lluvia pueda caerse u ocasionar un accidente.
Por lo tanto, como integrantes de la Pastoral Parroquial del Divino San Salvador Huehuetla, solicitaron que las autoridades estatales y municipales asuman la responsabilidad de propiciar un ambiente de diálogo respetuoso informado de manera transparente y tomando en cuenta a las partes implicadas.
Asimismo, remarcaron que no tienen representantes legales, por lo que Mateo Sánchez Espinoza solo es parte de una comisión a la que asistieron el juez indígena y el presidente del Consejo de Ancianos, quienes asistieron a la ciudad de Puebla el 15 de julio para denunciar la violación a sus derechos.
Finalmente, desconocieron a Salvador Vega García (autonombrado “defensor de los indígenas”) como miembro de la Pastoral Parroquial, puesto que esta persona sólo “se infiltra” en la organización para lucrar y destruir.