Puebla ocupa el tercer lugar en México con más agresiones hacia mujeres periodistas, pues del año 2002 a junio de 2020 acumula 83 casos, de acuerdo con la organización Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC).
En su informe Cartografía de agresiones contra mujeres periodistas en México, la asociación civil indica que de los casos que registra la entidad poblana, 62 corresponden a reporteras; siete a directoras de un medio de comunicación; cinco a jefas de información; cuatro no cuentan con mayor información, dos a columnistas; dos a fotorreporteras y uno a una locutora.
CIMAC señaló que el Estado, además de permitir la impunidad y dar una deficiente protección a las periodistas, es el responsable, ya que los agresores principales son las autoridades de los gobiernos locales, estatales y federal en 38.5% de los casos.
De acuerdo con su informe, el primer lugar lo ocupó Ciudad de México (CDMX) con 154 casos, en segundo lugar se encuentra Veracruz con 100, después le siguen Puebla, Coahuila y Guerrero.
El informe destaca que el 70% de los casos se trata de reporteras, quienes realizan investigaciones periodísticas que ponen en evidencia la corrupción, el desvío de fondos y las graves violaciones a los derechos humanos, pues son quienes acompañan a otras mujeres en la exigencia de justicia y hacen eco de las demandas de las víctimas, es decir, son defensoras del derecho humano a la comunicación y la libertad de expresión femeninas.
Además, la organización identifica que la violencia psicológica es la más recurrente, pues 77% de los incidentes se expresa en amenazas, desprestigio de su labor periodística y hostigamiento; mientras que el 37 % de los casos se presenta violencia física como detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad y ataques con arma de fuego.
De lo anterior, el 12% de los incidentes implican violencia patrimonial relacionada con allanamiento de vivienda, despojo de material de trabajo y daños a los bienes de las periodistas; la violencia sexual como el acoso sexual tanto en redes sociales como en el espacio físico, campañas de difamación o amenazas con connotaciones sexuales estuvo presente en 6% de los casos.