A pesar de que se le solicitó la versión pública y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido que se ventile todo lo referente al caso, la Secretaría de la Función Pública reservó durante un año el expediente de Emilio Lozoya, en el que se determinó inhabilitarlo por 10 años por falsear su declaración patrimonial.
“Le informamos que derivado de una búsqueda exhaustiva se localizó el expediente de
responsabilidad administrativa número 000065/2018 iniciado en contra del servidor público
referido en su solicitud de información, sin embargo, se encuentra reservado, con fundamento en el artículo 110 fracción XI de la LFTAIP, por el periodo de un año; en virtud de que dicho expediente se encuentra sub júdice”, respondió a una solicitud de transparencia ingresada por 24 HORAS.
De acuerdo con el artículo citado de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la reserva aplica porque de lo contrario se podría vulnerar “la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado”.
El 17 de agosto pasado, el Jefe del Ejecutivo consideró que el caso Lozoya es un asunto de Estado, por lo que se debe dar a conocer todo lo referente a él, incluso pidió a la Fiscalía General de la República dar a conocer íntegra la denuncia del ex funcionario priista, así como el video que ofreció como prueba; ambos fueron filtrados la semana pasada.
Desde mayo de 2019, la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros informó sobre la inhabilitación del ex funcionario priista por 10 años de la administración pública; sin embargo, ésta surge únicamente atiende falseo en su declaración patrimonial, dado que en dos ocasiones escondió una cuenta que tenía “saldos de cientos de miles de pesos”, siendo ésta la única información hecha pública por la dependencia.
Tras ésta, el ex director de Pemex, previo a ser aprehendido en España, presentó un amparo en la Tercera Sala Regional Metropolitana; sin embargo, éste fue atraído por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el cual ratificó en febrero pasado la sanción impuesta por la secretaría.
“La confirmación de esta sanción es histórica, al ser la primera ocasión que la Función Pública inhabilita a un ex titular de la empresa productiva del Estado, lo que es una muestra de la imparcialidad, rigor y apego a la ley con el que esta dependencia realiza su trabajo para garantizar un gobierno honesto y efectivo”, se congratuló entonces la titular de la dependencia.
Sin embargo, como parte de su proceso bajo el criterio de oportunidad, Emilio Lozoya presentó un nuevo amparo contra la inhabilitación del servicio público en agosto pasado, contra la ratificación hecha por la Sala Superior.
El ex funcionario priista lleva además un proceso judicial por los casos Odebrecht y la compra a sobreprecio de la planta de Altos Hornos de México.
Oportunidad
El pasado 11 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una carpeta de investigación contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, así como contra seis exlegisladores, a quienes se podrá llamar a declarar, luego de que Lozoya presentó una denuncia de hechos y entregó un video.
Posteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió difundir el expediente y la semana pasada fue difundido a través de redes sociales el video y una copia de la denuncia.
LEG