En su conferencia mañanera, el gobernador Miguel Barbosa, aseguró que se irá a fondo en el tema de los contratos, convenios y concesiones de la Red Urbana de Transporte Articulado.

“Este gobierno tiene iniciados procedimientos penales de muchos asuntos, que no se dan a conocer para mantener la secrecía de las averiguaciones previas a las que estamos obligados, dondequiera que se escarba se encuentra corrupción en cada obra, en cada caso, de las obras gubernamentales de los gobiernos panistas que referí, esta es monstruosa, su cumplimiento, su proyección, su planeación, provoca la anulación del gobierno, entonces vamos a ir a fondo, les doy mi palabra, a las poblanas y a los poblanos”, dijo.

En el encuentro con los medios para informar sobre Covid-199 y política local, estuvieron presentes los titulares de Salud, José Antonio Martínez García; de Segob, David Méndez; María Teresa Castro, de Finanzas; Fernando Pérez, Asesor Jurídico y Rodolfo Chávez, Director General Sistema Estatal Carreteras.

El abogado Fernando Pérez Campillo explicó que “la conclusión es que RUTA constituye un modelo de negocio incosteable creado desde su inicio con un gran dolo, con una sobreestimación para poder crear un negocio para algunas personas en contra del erario del Estado”.

Expuso que se hallaron indicios de sobreprecios, tanto en obra, como en operación y, con las cifras de las variables del cobro de concesiones, en el cobro de las concesiones.

“Se analizan las acciones a tomar en torno a la obra como de las concesiones y de la propia operación, estas van a ser llevadas a cabo en próximos días como la revocación de la concesión y van derivar en intervención a las concesiones, revocación de las mismas y acciones civiles y penales, por los pagos indebidos que general al erario, que generan un formato de negocio topado en algunas cifras y otorgar otro mucho menor en afectación del erario público. Esas estimaciones que no cumplen a los contratado, generan pagos indebidos con una consecuencia penal que se puede perseguir en contra a los servidor públicos que los suscribieron, los concesionarios, los que celebraron la obra y todos los involucrados”.