El diputado local del Movimiento Ciudadano, Carlos Alberto Morales Álvarez, ex presidente municipal de Huejotzingo en el periodo de 2014 a 2018, camina sobre la línea filosa de una navaja. No sólo porque el imaginario en ese municipio lo vincula con grupos de delincuencia y por el oportunismo político cuando saltó del priato al movimiento naranja de Dante Delgado y la muy alta probabilidad de una nuevo ejercicio de trapecio lo lleve al Partido Acción Nacional.

Los números objetivos lo ponen en el peor de los escenarios como candidato a un Centro de Reinserción Social; en el menos negativo de su futuro incierto, inhabilitado para competir por una nueva encomienda política por el Movimiento Ciudadano o por Acción Nacional en el Congreso de la Unión.

Como presidente municipal de Huejotzingo, tuvo menos reflector que el otro exedil, y ahora compañero de aventura: José Juan Espinosa Torres, de San Pedro Cholula; como Morales Álvarez, también diputado local pero por el Partido del Trabajo, pero bajo la lógica de que en derecho se sanciona la conducta y no el monto, su futuro es previsible.

En la Fiscalía General del Estado existen al menos tres denuncias penales por el presunto delito de peculado, desvío de recursos, sustracción de documentos ofíciales y hasta abuso de autoridad. No es todo porque también hay una denuncia en la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales por violencia política en razón de género.

Una previsión en la ley en la materia es que, de encontrársele culpable de los señalamientos de parte de la presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, sucesora de aquel, sería inhabilitado para competir por un cargo de elección popular en 2021, como es su aspiración.

Y sin embargo, no ver su nombre en la boleta el próximo año no es el problema mayúsculo. El legajo de expedientes que descansa en el escrito del reportero se establece que como edil utilizó las mismas factureras que el Sistema de Administración Tributaria ubicó por su falsedad.

De acuerdo al área de contabilidad, en el ejercicio fiscal de 2017, antes de que Carlos Morales solicitara licencia al cargo de edil para ser candidato plurinominal por el Movimiento Ciudadano, entregó 3 millones 952 mil 75 pesos a empresas factureras que de acuerdo con el sitio datamos.com.mx fueron señaladas por operar para gobiernos del Partido Acción Nacional.

Tres de las más favorecidas fueron INFRA SA de CV, con un monto de 2 millones 776 mil 41 pesos y cuyo domicilio fiscal se encuentra en una casa casi en abandono en la 21 Poniente 116, en el barrio de El Carmen. También se encuentra la firma GRUBERNOVA SA de CV, firma empresarial apócrifa a quien una investigación del diario El País de España incluyó como una de las fachadas usadas por la Secretaría de la Defensa Nacional para simular manejo de dinero público.

Otra de las firmas “fantasma” beneficiadas es KABI GLOBALMARK SA de CV con 851 mil 959 pesos y que tiene ante las autoridades fiscales su domicilio en 7 Sur y 43 Poniente en Huexotitla, en donde se sirven una de las mejores barbacoas, “La hidalguense”

Las otras firmas que aparecen en las denuncias son COMERCIALIZADORA DAESGO SA de CV, con 162 mil 157 pesos; Corporativo FRONTAL SA de CV, con 12 mil 923 pesos; y Servicio de Mantenimiento Mecánico y Transporte Profesional SA de CV con 3 mil 248. El ayuntamiento de Huejotzingo en tiempos del diputado local realizó operaciones “con empresas inexistentes, publicadas en la listas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (…) de conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”, dice la denuncia presentada en diciembre de 2019.

A la luz del conjunto de documentos en manos del reportero, sólo se puede concluir que el exedil de Huejotzingo asumió que el cambio de modelo en ejercicio del poder sería improbable y que el modelo de que había funcionado a lo largo de la historia permanecería inamovible.

El alfil de Fernando Manzanilla Prieto, del Partido Encuentro Solidario (PES) en ese distrito y a quien han promovido junto a Genoveva Huerta, la presidenta del PAN en Puebla, no fue capaz de justificar el uso de más de 45 millones 278 mil pesos en participaciones federales en el periodo enero – septiembre de 2018.

Existen además carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado por presuntamente incumplir convenios de colaboración con la Secretaría de Cultura para mejorar o intervenir templos religiosos que forman parte del patrimonio histórico del lugar. Los recursos no sólo no fueron justificados, sino que las obras tampoco se efectuaron.

Los acuerdos entre la Secretaría de Cultura y el municipio del expriista (porque fue priista), están asentados en los convenios SC/DGSMPG/COLAB/0805/16 y CNCA/DGSMPC/COLAB/03456/15, por los que ambos casos ya existen carpetas de investigación luego de la falta de justificación que incluye al patiño que dejó en ese municipio para ir en busca de la nueva aventura electoral.

Al diputado del Movimiento Ciudadano se le pasó de noche el cambio de modelo político, como igual sucedió al casi defenestrado expresidente de San Pedro Cholula. Ambos están a un suspiro de convertirse en indiciados y sin fuero. Pero es probable que no lo sepan aún.

Parabólica.MX por Fernando Maldonado