Bianca Alexandrina Lorenzana Alvarado, también conocida en redes sociodigitales como Bianca Alexis, desapareció el pasado 7 de noviembre del 2020 en Cancún, Quintana Roo. La joven de 20 años había salido de su domicilio para vender un cigarro electrónico cerca del fraccionamiento La Joya.
La noche del 8 de noviembre —sólo unas horas después de que la Fiscalía General de Quintana Roo emitiera una alerta de protocolo Alba—, medios locales informaban del hallazgo de restos de un cuerpo que fueron abandonados en bolsas de plástico en el fraccionamiento Vista Real; era Bianca.
Una vez más saldrían a las calles, colectivos, redes de feministas, académicos y la sociedad civil para protestar ante la ineficiencia de las autoridades por garantizar el derecho básico de niñas, adolescentes y mujeres: la seguridad.
Paradójicamente, durante la manifestación, policías municipales de Cancún realizaron diversos disparos al aire con la finalidad de intimidar y disperar a las manifestantes que se encontraban en la puerta de Palacio de Gobierno en Cancún reclamando al fiscal, Óscar Montes de Oca; al gobernador, Carlos Joaquín González y a la alcaldesa, “Mara” Lezama seguridad y protección de las mujeres.
La manifestación legítima también fue un activismo legítimo social digital pues a través de las etiquetas #Cancún, #JusticiaParaAlexis y #QuintanaRooFeminicida, usuarios exigieron justicia y alto a la impunidad, omisión y complicidad en crímenes cometidos en agravio de las mujeres. La etiqueta #JusticiaParaAlexis rebasó los 26.8K tweets, #QuintanaRooFeminicida representó un volumen superior a los 14.5K tweets, y #Cancún fue trending topic por más de 10 horas en las primeras posiciones de la red de Twitter.
De la manifestación #JusticiaParaAlexis, podemos reflexionar sobre cómo una vez más el terreno digital fue motivo de polarización de la opinión pública a través de enfrentamientos mediáticos donde se intentó desprestigiar la lucha social de colectivos que al no encontrar apoyo en las autoridades, decidieron trasladar sus reclamos al espacio público a través de movilizaciones que intentaron ser tildadas de extremistas, al poner en el ojo público acusaciones promotoras de violencia cuando las afectaciones a los inmuebles públicos son graves.
Por otro lado, la medida intimidatoria de la autoridad al realizar disparos al aire es propia de los poderes fácticos, a través de la coacción y representa la más bestial medida totalitaria del poder. Ninguna democracia que presuma de serlo puede existir sin garantizar el derecho a la protesta; sería más bien una dictadura disfrazada de democracia.
En 2008, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana, documentó una campaña que fue fundamentada con casos donde se criminalizaba la protesta. Las imágenes del avasallamiento de la policía en Quintana Roo hace recordar la criminalización de la protesta social en la historia de México.
“Protestar es un derecho, reprimir es un delito”.
Ecosistema Digital
Carlos Miguel Ramos Linares
@cm_ramoslinares